El espionaje no es considerado un acto de corrupción, argumentó el presidente del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, Francisco Javier Acuña, un día después de que el Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción, del que forma parte el INAI, rechazara pedir explicaciones sobre el uso del software Pegasus.
Acuña explicó que durante la segunda sesión ordinaria del Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción, celebrada el lunes, se consideró improcedente el exhorto para solicitar al gobierno información sobre el presunto espionaje que sufrieron periodistas, defensores de derechos humanos y activistas, porque esa actividad no está considerada como un acto de corrupción.
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Ley General del SNA establece que el Comité de Participación Ciudadana podrá solicitar al Comité Coordinador la emisión de exhortos cuando algún hecho de corrupción requiera de aclaración pública.
En ese caso, explicó, la mayoría de los integrantes del Comité Coordinador consideró que el exhorto era improcedente debido a que el espionaje está tipificado como intervención de comunicaciones privadas y no como un acto de corrupción, por lo que la autoridad competente es la Procuraduría General de la República.
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Sin embargo, Acuña reiteró que todos los integrantes reprobaron el espionaje y se pronunciaron a favor de que se esclarezcan los hechos a la brevedad posible y se llegue hasta las últimas consecuencias.
"Si una vez concluida la indagatoria, se determinará que se trata de hechos relacionados con actos de corrupción, entonces el Comité Coordinador contaría con los elementos necesarios para emitir un exhorto y solicitar información a la instancia competente para la aclaración pública de los hechos, como lo establece la Ley General del SNA", aseguró.
"En una democracia, los actos de espionaje son inadmisibles", afirmó el comisionado presidente.
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En un comunicado, el presidente del INAI aseguró que iniciará las investigaciones pertinentes en el marco de sus competencias y que, en su caso, verificará de oficio a las instancias públicas y privadas que resulten involucradas en la recolección, tratamiento y mal uso de datos personales mediante el uso de software malicioso.
