El pleno de la Cámara de Diputados inició la discusión del dictamen de la Ley General de Transparencia, que entre otros aspectos prevé el acceso a la información pública en poder de cualquier autoridad, entidad, instancia u organismo de los Poderes de la Unión, así como de los órganos autónomos, fideicomisos, fondos, sindicatos y partidos políticos.
La nueva legislación, aprobada ya por el Senado de la República, establece que las personas físicas o morales que reciban y ejerzan recursos públicos estarán igualmente sujetas al escrutinio ciudadano.
Los legisladores federales y locales fueron también incluidos como sujetos obligados a las disposiciones de transparencia y rendición de cuentas, aunque los senadores introdujeron un artículo transitorio que daría al Congreso de la Unión cinco meses de plazo para cumplir sus obligaciones en la materia.
El dictamen de La Ley General de Transparencia considera también la obligación de las autoridades de presentar la "prueba de daño" como condicionante para reservar cualquier información pública solicitada por los ciudadanos.
Como parte de los acuerdos alcanzados por los líderes parlamentarios del PRI, PAN y PRD el pasado lunes, la Cámara de Diputados aprobará el dictamen en materia de transparencia en todos sus términos y sin modificación alguna, mientras el Senado de la República avalaría el próximo martes la reforma constitucional del Sistema Nacional Anticorrupción.
