El pleno de la Cámara de Diputados aprobó una adición a la Ley de Obras Públicas para establecer en las convocatorias a licitación pública el porcentaje mínimo de mano de obra local que deberá incorporar el proyecto correspondiente.
Avalado con 409 votos a favor y una abstención, el dictamen de la Comisión de Transparencia y Anticorrupción subraya que la inversión del gobierno federal en infraestructura constituye una palanca de desarrollo económico por su contribución a la generación de empleos y cadenas de proveeduría de bienes y servicios, con la participación de los sectores público y privado.
El proyecto previamente aprobado por el Senado de la República se turnó al Ejecutivo para su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Al fijar el posicionamiento del PRI, la diputada Juana Aurora Cavazos sostuvo que la nueva disposición contribuirá a reconstruir el tejido social de entidades federativas donde existe suficiente fuerza de trabajo, pero pocas oportunidades.
Así, “esta minuta hace referencia a que en cada entidad federativa, cuando haya una licitación pública en materia de obra, tiene que ser respetado un mínimo para la clase trabajadora de la entidad”, precisó.
Por el PAN, la legisladora Cecilia Romero celebró la adición a la Ley de Obras Públicas que permitirá a las constructoras transparentar desde la licitación el porcentaje mínimo de mano de obra local que incorporarían a sus proyectos, en caso de ganar el concurso.
En representación del PRD, el diputado Rafael Hernández calificó la minuta de “trascendental para la promoción de la economía regional, así como para la defensa de los trabajadores mexicanos contratados para la realización de obras y servicios”.
Abdies Pineda, de Encuentro Social, se pronunció a su vez porque las normas reglamentarias y administrativas de la reforma establezcan los mayores porcentajes posibles y las mejores condiciones de contratación para elevar los niveles de vida de los habitantes de los lugares en que se generará una obra o se brindarán servicios.
