Arely Gómez, titular de la Secretaría de la Función Pública (SFP), reconoció que uno de los principales problemas del gobierno mexicano en materia de combate a la corrupción es la dificultad de lograr una medición objetiva.
Ante alumnos de la maestría en administración militar para la Seguridad Interior y Defensa Nacional, agregó que si bien existen distintas metodologías que permiten una aproximación más precisa del fenómeno, se trata en muchos de los casos de índices de percepción.
Por ello, de acuerdo con la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción, una de las misiones del Comité de Participación Ciudadana y del Comité Coordinador es establecer una plataforma digital que integre los diversos sistemas electrónicos que posean datos necesarios para que la formulación de políticas públicas integrales y metodologías de medición tengan indicadores necesarios para evaluar las mismas.
Gómez aseguró que por el nivel de presencia que la corrupción alcanza en el país debe considerarse una prioridad de Estado.
La titular de la SFP, dependencia que forma parte del SNA, expuso que el combate al problema “requiere de una política de Estado, cuya responsabilidad no puede limitarse a un sector, gubernamental”.
Comentó que en ocasiones, por desconocimiento de la normativa se incurre en faltas administrativas de consecuencias legales, lo cual no necesariamente es un acto de corrupción.
