En los últimos diez años, el gobierno federal ha recaudado más de 31 mil 220 millones de pesos al aplicar más de 9 mil multas a funcionarios corruptos.
Desde 2006, la Secretaría de la Función Pública (SFP) ha aplicado más de 111 mil sanciones a empleados públicos que han cometido faltas administrativas, de las cuales más de 9 mil han sido económicas.
Tan solo en lo que va del actual sexenio, la dependencia ha aplicado 3 mil 500 sanciones por 8 mil 219 millones de pesos, informó, en entrevista con MILENIO, Javier Vargas, subsecretario de Responsabilidades Administrativas y Contrataciones Públicas.
Esta última cifra equivale a más de siete veces el presupuesto asignado a la SFP para el año 2017.
En total, del 1 de diciembre del 2012 al 31 de enero de 2017, la SFP ha aplicado 50 mil 632 castigos a 41 mil 122 funcionarios de la administración pública federal.
En total, del 1 de diciembre de 2012 al 31 de enero de 2017, la SFP ha aplicado 50 mil 632 castigos a 41 mil 122 servidores públicos de la administración pública federal, de los cuales, 3 mil 501 fueron sanciones económicas.
La SFP destacó que entre esas sanciones monetarias se incluyen a tres personas que no eran empleados públicos, pero que manejaban recursos federales.
Vargas explicó que la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos establece un catálogo de 34 posibles faltas administrativas en las que pueden incurrir los empleados públicos que se castigan desde la amonestación privada hasta la destitución.
Pero si al cometer alguna de estas faltas se obtiene un beneficio personal o lucro o se causan daños o perjuicios al patrimonio federal, se aplica una sanción económica que puede alcanzar un monto hasta tres veces superior de lo que el empleado obtuvo como ganancia ilegal o del costo que tuvo la irregularidad que afectó el erario público.
El subsecretario explicó que las estadísticas de este sexenio arrojan que las principales maneras de detectar irregularidades de un empleado federal son la revisión del cumplimiento de presentar la declaración patrimonial (57 por ciento), las denuncias de ciudadanos (22 por ciento), las denuncias de otros servidores públicos (9 por ciento) y las auditorías que practica la dependencia o los diferentes órganos internos de control (8.6 por ciento).
Aunque 2014 fue el año en que más sanciones económicas se impusieron en lo que va del sexenio (963), 2016 fue el año en que el monto de dichas sanciones alcanzó la cifra más alta, al llegar a 2 mil 395 millones de pesos. En el primer mes de 2017 se impusieron multas por 7 millones 293 mil pesos por 15 multas aplicadas.
La suspensión es la principal sanción que se impone a los malos funcionarios, la cual representa 25.79 por ciento de los castigos aplicados en lo que va del sexenio, seguida de la amonestación privada, mientras que las sanciones económicas representan 6.9 por ciento de los castigos impuestos a empleados federales.
El castigo menos utilizado por la SFP es la destitución, que representa 3.5 por ciento de las sanciones, y que en cuatro años ha sido aplicada solo a mil 774 servidores públicos.
El Servicio de Administración Tributaria (SAT) es el organismo público encargado de cobrar las sanciones económicas impuestas por la Función Pública, pues al momento de que se determina el monto, éste se convierte en un crédito fiscal que debe ser cobrado por la autoridad hacendaria, explicó Vargas.
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