El Gobierno del Estado por conducto de la Fiscalía Anticorrupción interpuso una denuncia penal ante la Procuraduría General de la República (PGR) y la Judicatura Federal en contra de la jueza federal, Beatriz Joaquina Jaime Ramos, por haber liberado del penal del Topo Chico al ex gobernador Rodrigo Medina de la Cruz.
En rueda de prensa, Ernesto Canales, fiscal Anticorrupción, informó que la denuncia es derivada luego de que la jueza de distrito liberara a Medina sin que éste presentara un amparo que lo protegiera de los delitos a los que se le vinculó en la última audiencia, tales como peculado y daño al patrimonio del Estado.
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"La Subprocuraduría presentó ante la Procuraduría General de la República una denuncia penal motivada por la liberación del ex gobernador Medina de la prisión que le había decretado el juez de control con motivo a la vinculación de dos delitos adicionales.
"En adición a esta presentación de denuncia, la Subprocuraduría recurrió la orden de la juez federal en queja, de manera que están en paralelo estos dos procedimientos", dijo.
Canales, precisó, que si bien el ex gobernador había acudido con un amparo a la audiencia el 25 de enero pasado, éste quedó sin efectos a la hora de pedir que se le resolviera su situación jurídica para la vinculación de los dos nuevos delitos.
Al determinar ahí el juez de control la vinculación por los delitos de peculado y daño al patrimonio del Estado, aclaró, el amparo que traía Medina quedó sin efectos por iniciársele un nuevo proceso, situación que la jueza federal no respetó.
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"El amparo con el cual el ex gobernador se presentó en la audiencia cubría la situación jurídica que tenía el ex gobernador antes de la audiencia, es decir, hasta ese momento.
"De manera que la interpretación de la juez federal, ante la cual presentamos la denuncia, al tomar la decisión de liberar a Rodrigo Medina porque el juez de control no estaba respetando la suspensión previamente asignada, está desde nuestro punto de vista, fuera de la ley", apuntó.
El fiscal Anticorrupción comentó, a título personal, que la Ley de Amparo a nivel federal debe ser reformada y homologada con los criterios que marca el Nuevo Sistema de Justicia Penal.
Concluyó que todo este cúmulo de amparos y denuncias en contra de jueces federales y locales por el caso Medina, solamente alarga el proceso, más no lo resuelve de fondo.
