La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) y sus 50 representaciones en Estados Unidos incurrieron en “deficiencias considerables” en la gestión de los recursos destinados a la atención, protección, servicios y asistencia consular a los migrantes mexicanos durante 2016, concluyó la Auditoría Superior de la Federación (ASF).
Como ejemplo de ello y en vísperas de la elección de Donald Trump como presidente de EU, los consulados de México en Dallas, Nueva York, Laredo, Chicago y Los Ángeles entregaron 801 millones de pesos (más de 42 millones de dólares) a organizaciones no gubernamentales de apoyo a migrantes, pero sin evaluar previamente sus proyectos.
“No se proporcionó la evidencia de las evaluaciones de los proyectos presentados por las organizaciones antes de la autorización y asignación de los recursos; tampoco se acreditaron los criterios ni la metodología utilizada para seleccionar a las organizaciones a las que se les otorgaron recursos por 42 millones 418 mil dólares, y no se verificó que se diera total cumplimiento a lo estipulado en los memorandos de entendimiento”, señaló el órgano de fiscalización.
De acuerdo con el informe contenido en la segunda parte de las auditorías a la Cuenta Pública 2016 entregada a la Cámara de Diputados, el Instituto de los Mexicanos en el Exterior (IME) dispuso de 779 millones de pesos para su programa de becas, pero finalmente destinó dicho fondo a actividades comunitarias como la formación de promotores de salud, sesiones e implementación de estrategias transversales en salud y educación, entre otras.
“Por otra parte, no se acreditó que el pago efectuado por viáticos y pasajes a 77 personas ajenas a la SRE y al IME por 946 mil pesos fue estrictamente indispensable para el cumplimiento de sus atribuciones, objetivos y programas de trabajo, con base en criterios de legalidad, eficiencia, eficacia, economía, racionalidad, austeridad, transparencia, control y rendición de cuentas”, señaló el órgano de fiscalización.
La Auditoría Superior de la Federación formuló por ello 51 recomendaciones, 27 observaciones y 11 promociones de responsabilidad administrativa a los servidores públicos responsables de las irregularidades.
