Rosario Castro Lozano, titular de la Contraloría del Estado de Durango, por reserva de ley y para no estropear las investigaciones que se siguen al respecto, se reservó cualquier información sobre sí hay o no una denuncia penal en contra del ex gobernador del Estado, como se viene manejando a nivel nacional.
Aseguró que se trata además de un tema federal, sin embargo, reconoció que derivado de la revisión de la Auditoría Superior de la Federación, hay 146 millones de pesos que deben ser resarcidos a la cuenta pública.
[OBJECT]La funcionaria agregó que en el caso del Estado de Durango, el tema debe tener un seguimiento por parte del consejero jurídico del gobierno, pero obviamente todas las indagatorias son reservadas.
Explicó que las autoridades han sido cautelosas en este tema de no dar a conocer los detalles, porque si se abren los expedientes de ese nivel indudablemente se tendrá un impacto jurídico y político, pero además público, lo que podría traer repercusiones serias, como amparos.
Rosario Castro agregó que la parte administrativa se queda con ella en la Contraloría, mientras la parte punitiva la analiza el Consejero Jurídico con todo el bagaje que conlleva.
Recordó de igual forma que en México se cambió de un sistema nacional acusatorio a un sistema presuncional de inocencia, entonces en este caso, los temas punitivos tienen ahora que tener una evidencia y cuidado mayor, así como un manejo muy meticuloso en la técnica legal.
JFR
