La Comisión Inspectora solicitará la apertura de más de 500 cuentas públicas aprobadas en los últimos meses de la LIX Legislatura, ya que algunos dictámenes cuentan con inconsistencias que deben ser subsanadas, aseguró el presidente del órgano, José Juan Espinosa; en tanto, la Auditoría Superior del Estado (ASE) aseguró que actuó conforme a la legislación.
En entrevista posterior a la reunión de diputados, José Juan Espinosa informó que este miércoles se aprobará el dictamen para la apertura de los expedientes, ya que en las últimas semanas han ingresado varios recursos de revocación por parte de presidentes municipales que se les decretó un Inicio de Procedimiento Administrativo de Determinación de Responsabilidades (Ipadr).
“En las últimas semanas han llegado más de 25 recursos de inconformidad, esto sumado a la inconformidad de regidores, síndicos y los propios alcaldes en cuanto al uso con fines políticos de las cuentas públicas en los últimos meses, nos obliga a que esta Comisión Inspectora tomara este acuerdo que someteremos al Pleno”, dijo.
Espinosa descartó que este sea un tema personal, ya que no se abrirán cuentas públicas de un solo actor, sino de todas las que se hayan dictaminado, ya sea a favor, en contra o inicio de procedimiento, con el fin de garantizar los criterios utilizados en el ámbito financiero y no político; incluso, dejó abierta la posibilidad de que se reabra el expediente 2017 del gobernador.
Asimismo, indicó que en todo momento se respetará la autonomía técnica del órgano de fiscalización, pero el acuerdo se presenta conforme a los principios legales, con el único fin de garantizar la transparencia y máxima publicidad de los dictámenes.
A través de un comunicado, la ASE descartó irregularidades o resoluciones fuera de la legislación, pues aseguró que la institución siempre ha mantenido una estrecha coordinación y colaboración con la Comisión Inspectora.
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