Gabriela Delgado Ballesteros y Alicia Elena Pérez Duarte, dos de los 11 integrantes del Consejo Judicial Ciudadano, presentaron su renuncia al Congreso de la Ciudad de México porque “hemos constatado que no podemos actuar de manera independiente”.
Este grupo de expertos serán los encargados de entregar una terna con las personas idóneas para la titularidad de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México.
“Son carencias, incongruencias y desencuentros que nos impiden realizar con independencia, pulcritud y confianza ciudadana, esta tarea que debería contribuir a consolidar la justicia y la seguridad, dos funciones fundamentales para cualquier sociedad”, apuntaron.
A través de una carta enviada a la Mesa Directiva de este órgano legislativo, las académicas detallaron que la falta de insumos no es razón suficiente para renunciar, sin embargo, es un claro ejemplo de la falta de autonomía que padece y es que dependen absolutamente del Congreso capitalino.
#EnVivo | Entrevistas a las personas aspirantes a ocupar el cargo de Fiscal General de Justicia de la Ciudad de México
— Congreso de la Ciudad de México (@Congreso_CdMex) November 26, 2019
26 de noviembre de 2019
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Agregaron que, un ejemplo claro de lo anterior, fue el cambio de sede para las entrevistas de los aspirantes a la Fiscalía que en un principio se acordó serían en las oficinas administrativas del Congreso, pero con menos de 24 horas de anticipación se cambió.
“El aviso del cambio de sede para las entrevistas, con menos de 24 horas de anticipación, llegó como una decisión tomada sin habernos consultado, generando una percepción de desorden y falta de seriedad en nuestra actuación, situación que empaña todo el procedimiento”, añadieron.
Agregaron que “no existe la misma filosofía de trabajo en el Consejo y ello complica llegar a consensos que atiendan el mandato constitucional”.
Refirieron que el resto de los integrantes promueven la “laxitud en el análisis de las candidaturas, se pone en riesgo todo el proceso y por tanto, se incumple con la constitución y las leyes que de ellas emanan”.
“Estamos convencidas de que el nombramiento de la persona titular de la nueva fiscalía general debe derivar de un proceso claro, transparente, analítico, reflexivo y dotado de la legitimidad”, resaltaron.
Finalmente, calificaron de incongruente que primero se nombre a la persona titular y después al organismo que deberá encabezar, y es que aún no se tiene lista la ley que crea esta institución.
EB
