Con el voto en contra de Movimiento Ciudadano, la Comisión de Puntos Constitucionales en Nuevo León aprobó en segunda vuelta una reforma a 27 artículos de la Carta Magna, con el fin de que los diputados ejerzan la moción de censura para destituir, por el voto de las dos terceras partes de sus integrantes, a uno o varios secretarios de Estado o a la totalidad del gabinete.
Tras reanudar la Comisión, que se mantuvo en permanente, Filiberto Flores, presidente de esta, solicitó someter a votación la propuesta, donde avalaron una reserva del panista, Félix Rocha, para que también se expida la Ley de Gobierno de Coalición Local, la cual contendrá las reglas mínimas para reglamentar la unión del partido en el gobierno con uno o más partidos políticos, cuya suma alcance una representación mayoritaria en el Congreso del Estado.
Éstos deberán, según la reserva al artículo 96, de manera expresa por el gobernador del Estado o por los dirigentes partidistas, elaborar y establecer el compromiso de impulsar conjuntamente un programa de gobierno compartido, el cual será sometido a la aprobación del Congreso del Estado.
El gobierno de coalición adquiere una corresponsabilidad tanto en el ámbito ejecutivo como legislativo, ya que su programa será ejecutado por el gobierno coaligado que acuerden los partidos políticos que participen en la coalición y permanentemente evaluado por el Congreso del Estado.
Dentro de esta misma reserva, establecieron que el Ejecutivo del Estado, por conducto de la Secretaría de Finanzas y Tesorería General del Estado, podrá ejercer los recursos que se obtengan adicionales a los presupuestados, requiriendo en todo caso la autorización previa del Congreso local.
Otras de las modificaciones es al artículo 159, pues al concluir el periodo del nombramiento del fiscal general de Justicia, este permanecerá en el cargo en tanto no haya un nuevo nombramiento.
Y, en el caso de que el fiscal general de Justicia sea removido conforme al procedimiento del párrafo anterior, este permanecerá en el cargo en tanto no haya un nuevo nombramiento definitivo.
Dentro de las atribuciones que le remueven al Ejecutivo, es quitarle "dientes" a la UIFE para que la Fiscalía General de Justicia sea la única autoridad competente del Estado para generar, obtener, analizar y consolidar información financiera, fiscal y patrimonial de las personas físicas y morales, que conlleve a la investigación de hechos presumiblemente ilícitos que produzcan en las personas un beneficio o incremento económico injustificable, que hayan participado en operaciones con recursos de procedencia ilícita o que incurran en alguno de los delitos comprendidos en el Código Fiscal del Estado.
También será la única autoridad administrativa estatal facultada para solicitar la inmovilización de cuentas o valores del sistema financiero; lo anterior se hará bajo las reglas previstas en la Constitución Federal y el Código Nacional de Procedimientos Penales, sin perjuicio de las facultades de los órganos jurisdiccionales del Estado.
El transitorio cuarto indica que en caso de existir alguna convocatoria en curso o que haya iniciado previo a la entrada en vigor del presente Decreto, se respetará el procedimiento de designación vigente al momento de la emisión de dicha convocatoria.
Se contempla una junta de Gobierno en el Tribunal Estatal de Justicia Administrativa, la cual deberá de sesionar a fin de instalarse e iniciar los trabajos que le competan, de conformidad con lo establecido en el presente Decreto.
También pidieron que el titular de la Secretaría General de Gobierno, del titular del Órgano Interno de Control Estatal, así como del Titular y los servidores públicos de segundo nivel de la Secretaría de Finanzas y Tesorería General del Estado sean ratificados por el Congreso.
La reforma fue a los artículos 26, 35, 37, 39, 46, 56, 66, 90, 91, 94, 96, 99, 125, 126, 149, 150, 151, 152, 154, 155, 158, 159, 162, 166, 198 y 204 de la Constitución.
Héctor García, de MC, calificó como un mamotreto y dijo que el PRIAN quiere desaparecer al Ejecutivo.
“Ya mejor presenten iniciativa para que no exista el gobernador y modificamos Constitución, y no solamente ofende al más humilde estudiante de derecho, tiene inconsistencias y denota el fondo y esto es muy ilegal”, consideró.
Iraís Reyes, también de MC, dijo que los del PRIAN se han dedicado a tomar todas las facultades del Ejecutivo y lamentó que estén en la república parlamentaria.
“En una república parlamentaria del poder Ejecutivo, Legislativo, y el parlamento nombra al gabinete en un gobierno de coalición, precisamente tiene que haber un arreglo entre los grupos políticos, un parlamento, nosotros no vivimos en Reino Unido o Francia y allá creo tampoco harían esto.
“Estamos cambiando nuestra forma de gobierno, ya no somos una república presidencialista y la república parlamentaria lo que están proponiendo porque, para empezar, como un congreso va a poder quitar por dos terceras partes a una persona del Gabinete”, indicó.
Eduardo Gaona y Sandra Pámanes, de MC, coincidieron que no se realizaron mesas de trabajo.
