El Pleno del Congreso del Estado aprobó este miércoles dar luz verde a la Auditoría Superior del Estado (ASE) para presentar dos denuncias penales, una contra quien resulte responsable por las irregularidades detectadas por el caso del "Cobijagate", y la otra porque un funcionario estatal firmó documentos ostentándose como licenciado en derecho, sin serlo.
La presidenta de la Comisión de Vigilancia, la diputada panista Marlene Benvenutti, señaló que el aval no tiene una fecha para que la ASE presente estas denuncias, pero que la sugerencia es que lo haga cuando entre en funciones la nueva Fiscalía Anticorrupción, aproximadamente en el mes de marzo, ya que no confían en la actual que encabeza Ernesto Canales.
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“La Auditoría no tiene un plazo, la puede presentar dentro de un año, lo que nosotros estamos haciendo es como Congreso darle la aprobación, si se autoriza ahorita en el Pleno para que ellos la presenten, yo seguiré presionando para que esta solicitud la presente la Auditoría ante la nueva fiscalía, ya formada la fiscalía, yo no tengo la fecha, pero yo creo que a principios del próximo año.
“Serían las dos solicitudes, una es la inhabilitación de un servidor público que estuvo firmando sin haber estado titulado, y la otra es la del famosísimo caso del "Cobijagate", es el procedimiento penal por haber estado firmando sin haber sido profesionista; en el caso de las cobijas se tiene que hacer una investigación profunda y es contra quien resulte responsable”, declaró.
El 12 de diciembre, la Comisión de Vigilancia se declaró en permanente para analizar la petición de la ASE que finalmente se sometió a aprobación del Pleno este miércoles.
Se trata de dos denuncias penales planteadas por la ASE, una en contra de quien resulte responsable por el daño causado al erario estatal por alrededor de 30 millones de pesos, por la compra de 200 mil cobijas, que según este organismo el Gobierno nunca recibió dentro del caso denominado 'cobijagate'.
La otra es por información diversa suscrita por Víctor Hugo Govea Jiménez, en su carácter de subsecretario del Trabajo en el Estado, consistente en documentos oficiales fechados desde el 18 de febrero hasta el 21 de junio de 2016, relativos a oficios, solicitudes y requerimientos, en los cuales se ostentaba como licenciado sin tener en ese momento título profesional.
Por su parte, la diputada priista, Gloria Treviño Salazar, en su carácter de presidenta de la Comisión de Hacienda del Estado, comentó que es paradójico que el día en que el gobernador Jaime Rodríguez acuda a solicitar licencia para ausentarse del cargo, los diputados aprueben dos denuncias penales en actos de corrupción, que son de los más fuertes en el estado.
