La ciudadanía interesada en llevar un proceso de divorcio, una sucesión o la rectificación de un acta no tendrá que acudir necesariamente ante un juez. Esto a partir de que el Congreso de Jalisco aprobó incrementar las facultades a los notarios públicos a través de las reformas a la Ley del Notariado, del Código Civil, del Código de procedimientos Civiles y a la Ley del Registro Civil del estado de Jalisco.
De acuerdo a la diputada Rocío Corona Nakamura, presidenta de la Comisión de Puntos Constitucionales, las nuevas facultades de los notarios van encaminadas a “que puedan llevar juicios de tramitación especial, es decir, divorcios, sucesiones y rectificación de actas. En estos casos cabe señalar que tiene que ser a petición de parte ante el notario público que ellos decidan y siempre que no haya controversia o pleito entre las partes”.
Por ejemplo, los matrimonios que decidan divorciarse tendrán tres opciones para poder hacerlo: ante un juzgado, un notario o ante el Registro Civil a través de llamado divorcio exprés. Para llevar un proceso ante un notario es necesario que los hijos no sean menores de edad y en caso de un procedente adulto no se encuentre en estudios.
Por otra parte, la reforma aprobada contempla que los notarios públicos ya no serán vitalicios y deberán de jubilarse de este cargo a los 80 años de edad. Por otra parte, los funcionarios públicos que tengan la intención de ser notario público deberán de separarse de su cargo un año antes de su registro. Esto no aplicará en el proceso actual en el que uno de los aspirantes es Roberto López Lara, actual secretario General de Gobierno.
Las reformas puestas a consideración del pleno del Congreso de Jalisco trajeron consigo los votos en contra de los diputados independientes Hugo Rodríguez, Claudia Delgadillo y Victoria Anahí Olguín, ellos allegados al partido Morena.
El legislador Hugo Rodríguez afirmó que el Congreso de Jalisco violentó el marco legal federal por no ser competente para legislar en materia civil y familiar, pues eso corresponde únicamente al Congreso de la Unión. Recordó que el 15 de septiembre de 2017 se reformó la Constitución Federal en la que se contempló la “facultad del Congreso la expedición de la legislación única en materia procesal civil y familiar”.
“Hay más de 300 quejas contra notarios porque son los individuos que se han convertido en el crimen organizado para robar terrenos, para usurpar propiedades, se han convertido muchas notarías, con un absoluto respeto a las notarías decentes y de gente que en la abogacía y beneficios de la ley se han ganado ese derecho nuestro respeto, pero muchas notarías se han convertido en verdaderos centros del crimen organizado”, dijo el legislador.
Quien también se manifestó en contra de estas reformas fue el Consejo de Colegios de Abogados, quien a través de su secretario ejecutivo, José Luis Tello Ramírez, argumentaron que iniciará el proceso para impugnar la reforma al asegurar que es anticonstitucional.
Respecto a que los notarios puedan desarrollar temas en materia familiar, Tello Ramírez dijo que “es una aberración, más que todo no fortalece sino que corrompe más lo que viene siendo el sistema de justicia. Lo que queremos nosotros es que los jueces, los magistrados, los secretarios y los notificadores cumplan con la ley”.
Fueron 30 diputados los que votaron a favor de dichas reformas y se escudaron con el quinto artículo transitorio en el que explican que “la legislación procesal civil y familiar de la Federación y de las entidades federativas continuará vigente hasta en tanto entre en vigor la legislación” aprobada a nivel federal. Los diputados independiente Pedro Kumamoto y Mónica Almeida del PRD votaron en abstención.
GPE
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