El Instituto Federal de la Defensoría Pública (IFDP) cuestionó la decisión de un juez de vincular a proceso a Jaison Daniel Catari Rivas, venezolano acusado de iniciar el fuego con la quema de colchonetas en la estación migratoria de Ciudad Juárez, Chihuahua, lo cual dejó como saldo 40 migrantes muertos y 27 heridos.
Al revelar que este órgano auxiliar del Consejo de la Judicatura Federal (CJF), el cual preside la ministra Norma Piña, representa legalmente al migrante originario de Venezuela, el IFDP consideró que el juez de Control no consideró en su resolución que Catari Rivas también es “una víctima de violaciones graves a derechos humanos”.
Por lo que la Defensoría Pública también pidió que no se “criminalice” al migrante venezolano, imputado por la Fiscalía General de la República (FGR) por los delitos de homicidio y lesiones dolosas, como autor material por acción al iniciar la conflagración.
El IFDP también criticó que el juez de Control se negó a abrir el debate correspondiente a la medida cautelar de prisión preventiva, al considerar que su imposición es oficiosa por los delitos que se le acusan.
“Ello aun cuando existe una sentencia de condena al Estado mexicano, en la que la Corte Interamericana (de Derechos Humanos) determinó la inconstitucionalidad de la medida cautelar sin atender al estudio de cada caso en particular.
“Esta defensoría continuará trabajando para garantizar el derecho de defensa adecuada en favor de nuestro representado, hasta lograr que se reconozca su calidad de víctima de violaciones graves a derechos humanos y no se le criminalice por un delito del cual no tiene responsabilidad, ni se le juzgue sin perspectiva de derechos humanos, diferencial e interseccional”, enfatizó en un comunicado.
El IFDP también reveló que el juez concedió el plazo de un mes para el cierre de la investigación complementaria para la FGR, el cual vencerá el 4 de mayo.
FR
