Las comisiones de Gobernación y Puntos Constitucionales y la de Administración y Procuración de Justicia acordaron citar al director del Registro Civil de la entidad para analizar el impacto que tendría eliminar la caducidad de las actas de nacimiento, o bien, hacerlas gratuitas a través de internet.
Luego que el PRI enfatizó que esta medida genera un impacto económico en las finanzas estatales y no da certeza jurídica, acordaron seguir analizando la propuesta hecha por la diputada Anais Burgos, misma que tiene como objetivo evitar nuevos desembolsos por emitir el documento cada tres meses.
El diputado Faustino de la Cruz Pérez indicó que esta es una demanda constante de la sociedad, luego que hace unos años instauraron una “moda” en diversas dependencias, donde cualquier trámite debía ir acompañado por actas certificadas con una vigencia menor a tres meses.
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En el caso educativo, la exigencia desde el gobierno es que cada año pidan este requisito actualizado, lo que genera al gobierno 227 millones de pesos con 3.5 millones de estudiantes en un solo año, esto sin contar lo que solicitan en otras instancias públicas y privadas.
“Que el Ejecutivo estatal Finanzas muestre voluntad, ya se le aprobó endeudamiento y varias peticiones como el emplacamiento, por lo cual bien podría dejar de percibir este ingreso por un requisito que antes no era necesario”.
Los legisladores dejaron claro que legalmente las actas no tienen caducidad, menos cuando son emitidas por una autoridad, pero varias dependencias e instituciones impusieron esta medida sin sustento legal que es donde buscan incidir.
Miguel Sámano Peralta, del PRI, señaló que la identidad per-mite a cada individuo diferenciarse de los demás, es un derecho fundamental para ejercer todo los demás y tener un acta renovada da certeza legal aunado a que evita usos indebidos.
La propuesta, que fue aprobada, es que requieren mayores elementos y por ello se considere una reunión para invitar al director del Registro Civil, Cesar Enrique Sánchez Millán para conocer su punto de vista.
Ingrid Krasopani Schemelesnky resaltó que esto no está regulado por la ley, son dependencias que exigen la actualización. Carlos Loman Delgado, del PES, consideró la sustitución de los documentos dañados o altera-dos; Gabriel Gutiérrez Cureño, de Morena, abundó que el tema es de justicia social y Omar Ortega Álvarez vio bien buscar gastos menores.
SGCF
