Aunque señalaron la importancia de la creación de una nueva Ley de Movilidad que reestructure el transporte en Nuevo León, expertos en el tema coincidieron en que el problema de fondo es que el gobierno estatal no hace cumplir la ley actual y los transportistas aprovechan la situación.
Durante el programa Cambios 27, conducido por el arquitecto Héctor Benavides, analistas y legisladores discutieron el problema de movilidad en la entidad, apuntando hacia el estado como responsable.
Hernán Villarreal, ex presidente del Consejo Estatal del Transporte, explicó que la ley actual contempla, por ejemplo, un registro de información el cual evitaría la opacidad, así como reuniones del Consejo cada tres meses, revisiones mecánicas de los transportistas hacia las unidades, ninguna de las cuales se cumple.
"El transportista debe hacer lo que marca su permiso. El problema es que como el gobierno no hace cumplir la ley, el transportista manda las unidades cada vez que quiere ", explicó.
Mariela Saldívar, diputada de Movimiento Ciudadano y presidenta de la Comisión de Desarrollo Urbano en el Congreso local, calificó al gobierno estatal como negligente por no hacer cumplir la ley, asegurando que actualmente existen los mecanismos para poner orden.
“El gobierno estatal le dice al Congreso: ‘Haz una ley estatal para solucionar el problema’, cuando con la ley actual, si se cumpliera, se podrían resolver estos problemas", expresó.
Sin embargo, los expertos también coincidieron en la necesidad de una nueva Ley de Movilidad que desconcentre el poder estatal.
Saldívar justificó que la iniciativa no vaya a ser votada en el periodo extraordinario de junio, puesto que apenas han tenido algunas semanas desde que la primera de las iniciativas fue entregada por el estado, seguida por la de las organizaciones civiles y las de PAN y Morena, por lo que se necesita un análisis más profundo.
"Como las cuatro iniciativas son muy dispares necesitan mucho estudio, no se parecen entre ellas y es mucha la responsabilidad que tiene el Congreso para hacer una buena Ley de Movilidad", comentó.
Moisés López, quien también tuvo participación en las mesas de trabajo donde se discutieron las iniciativas, señaló que la entregada por el gobierno concentraba más el poder, mientras que la de las organizaciones civiles era más progresista.
"La de las organizaciones de la sociedad civil se diferencia del resto, hay licitaciones públicas, pago por vehículo-kilómetro, pagos por incentivos, no concesiones ni permisos, un organismo que controle, fuerte, poderoso, técnico e independiente", expresó.
Gabriel Todd Alanís, urbanista, coincidió con la gran concentración de poder que hay en el gobierno estatal, lo cual debe cambiarse.
"Estamos ante la necesidad, en esta ley de movilidad, de crear un (organismo) autónomo que reparta el poder, que no lo concentre, que no lo pueda controlar ninguna sola instancia, por el bien del conjunto", expresó durante su intervención.
Actualidad
La Ley de Movilidad vigente, apunta Hernán Villarreal, contempla mecanismos para solucionar el problema.
Revisión
Mariela Saldívar justificó el aplazamiento de la nueva legislación.
Progresista
Moisés López aseveró que la propuesta de las organizaciones es más amplia y completa.
Concentración
Gabriel Todd expuso que es necesario desconcentrar el poder del estado.
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