Las comisiones legislativas del Congreso mexiquense analizan reformas a la ley para que los Centros de Asistencia Social den seguimiento a los adolescentes que egresan de estos espacios por haber cumplido la mayoría de edad, para garantizar su derecho a estudiar, poder encontrar un trabajo e incorporarse a la sociedad en la misma condición que el resto de la población.
Esto, a partir de una iniciativa de ley que presentó la diputada María del Carmen de la Rosa Mendoza, para reformar varios artículos de la Ley de Asistencia Social del Estado de México y Municipios y la Ley que Regula los Centros de Asistencia Social y las Adopciones en la entidad.
De acuerdo al último censo del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), en México hay 33 mil 118 niños y adolescentes en 865 casas hogar, albergues y refugios públicos y privados. De ellos 51 por ciento son varones y el resto mujeres.
La mayor parte se concentra en cinco entidades del país: Baja California, Jalisco, Ciudad de México, Chihuahua y en el Estado de México, donde la mayor parte de la población es la que tiene entre seis y 14 años, seguido de la de 15 a 17 y por último de cero a 5 años de edad.
En 385 de estos centros no sólo atienden a población menor de 18 años, sino también a adultos.
Respecto al tipo de financiamiento que reciben, se encontró que 431 funcionan con recursos públicos y privados, 376 solo con privados y 78 solamente con dinero público.
Los 18 años representas un temor para los jóvenes en albergues
En los casos donde existe población menor, los y las jóvenes al cumplir 18 años deben dejar esos espacios, sin tener un lugar donde vivir, ni trabajo, alimentos asegurados, posibilidades de estudiar ni mucho menos de emprender algún negocio porque no son sujetos de créditos, no tienen avales ni redes que les ayuden a salir adelante.
La autora de la iniciativa aseveró que mientras quienes tienen a sus padres celebran el llegar a la mayoría de edad, porque ello representa mayores libertades, para quien debe dejar los centros de asistencia, cumplir 18 años se convierte en una angustia porque no saben cómo van a sobrevivir.
Es evidente, dijo, que falta información estadística gubernamental sobre la situación de las y los jóvenes egresados de las casas hogar, así como implementar programas de egreso para que se vuelvan autosuficientes y tenderles redes de apoyo para que salgan adelante.
Seres humanos, no números
Las y los diputados presentes en la comisión aplaudieron la iniciativa, pero antes de aprobar pidieron conocer el costo financiero de las medidas, hablar con los municipios y funcionarios del DIF estatal para conocer cifras y repercusiones de esta medida.
La diputada proponente les pidió que no vean el tema en términos de números, sino de seres humanos y se trate de darles las mismas oportunidades que tienen quienes viven en familia, porque hoy es evidente la desigualdad de oportunidades.
“Necesitamos garantizar el ejercicio de sus derechos; es más importante poder invertir en ellos y garantizar que sean buenos ciudadanos, en lugar de destinar el dinero a otros renglones” sostuvo la legisladora.
JASJ
