La alcaldía de Atotonilco de Tula trabaja de manera coordinada con el sindicato municipal de empleados para acordar prestaciones sin menguar las finanzas, señaló el secretario general municipal, Juan Manuel Rodríguez Rojas.
Indicó que dicho grupo de trabajadores, conformado con la intención de proteger sus derechos, está reconocido por el municipio desde 2003 e incluye principalmente a personal que labora en el área de Limpia y Obras Públicas.
Expresó que dichos trabajadores cumplen “cabalmente con sus labores y el municipio no les ha desconocido el emolumento o el pago de su quincena a la que tienen derecho”, aunque dijo que hay algunas prestaciones en las que siempre la alcaldía y el sindicato están “en el estira y afloja para poder otorgárselas o no”.
Lo anterior porque consideró que hay algunas que dañarían las finanzas, no obstante dijo que se trabaja de manera conjunta para mediar y llegar a acuerdos que beneficien a ambas partes.
Dijo que el trabajo entre ambas instancias continuará pues hay sinergia para obrar en favor del municipio, cediendo cada una para llegar a avances en los distintos temas que surgen en la relación patrón-obrero.
Por otra parte, sobre el tema de la demanda que interpuso una empresa para exigir el pago de renta de patrullas al municipio, el secretario dijo que el caso sigue detenido pues no hay una resolución.
Expresó que las patrullas se encuentran en resguardo municipal en la bodega situada junto a la alcaldía, hasta que no obtengan un fallo del juez sobre la demanda que hasta este momento ya suma un reclamo de por lo menos 40 millones de pesos en contra de la alcaldía, de acuerdo a la última cifra expuesta hace un año.
Expuso que son 14 unidades las que se encuentran en resguardo actualmente, las cuales no sirven pues fueron entregadas en malas condiciones por la anterior administración municipal, misma que signó el contrato.
Añadió que el “no pago” del convenio comenzó en la gestión del ex alcalde Raúl López Ramírez y hasta la fecha no se ha resuelto, aunque el gobierno local está atento al proceso para aportar las pruebas necesarias.
Y es que el gobierno local busca obtener un fallo en su favor para evitar esta importante merma económica, toda vez que reconoció que sería un impacto negativo fuerte para las finanzas locales.
Por ello sigue el proceso legal mediante el cual se buscan agotar todos los recursos y escenarios existentes para lograr el fallo a favor, los cuales permitan la salvaguarda del dinero.
