El Colegio de Abogados mostró su preocupación por la propuesta de reforma al Poder Judicial, entre lo que se encuentran cuestionamientos sobre la independencia de los jueces y a la forma en la que estos serían elegidos.
De acuerdo con un amplio desplegado del colegio, sus miembros denuncian que la reforma “amenaza con socavar las condiciones institucionales que protegen los derechos humanos, proporcionan un acceso imparcial a la justicia y preservan el Estado de derecho.”
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Según la organización, esta propuesta es resultado del descontento del presidente Andrés Manuel López Obrador con decisiones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que han bloqueado algunas de sus reformas y proyectos prioritarios.
Por ello, la barra de abogados dijo oponerse a cualquier acción del gobierno mexicano que pudiera comprometer la independencia del Poder Judicial.
“El principal problema del proyecto de ley es su falta de claridad con respecto a la provisión de un conjunto mínimo de normas para los candidatos judiciales o la selección judicial, la eficiencia, la imparcialidad y la independencia; y que sean transparentes y accesibles”, explica el comunicado.
El colegio de abogados aseguró que, a pesar de que el presidente López Obrador afirmó que con la reforma busca combatir la corrupción, no ha presentado pruebas empíricas o datos que respalden cómo esto se lograría.
Recordaron que la Administración para el Control de Drogas (DEA), “ha expresado su preocupación por cómo esta reforma podría abrir la puerta a la influencia del crimen organizado en el Poder Judicial. Esta preocupación específica está relacionada con la experiencia previa con grupos del crimen organizado que intentan influir en el resultado de las elecciones en México”.
El colegio explicó que la misma propuesta incluye elementos violatorios de los estándares internacionales en materia de derechos humanos, y que la falta de claridad en los procesos disciplinarios de los jueces violaría las obligaciones internacionales de México en la materia.
“El proceso disciplinario podría, por lo tanto, convertirse en un instrumento político utilizado contra los jueces que emitan decisiones contrarias a los intereses del gobierno. La politización del proceso de selección podría exponer a los miembros del Tribunal Disciplinario a la presión política de grupos o partidos que los apoyaron durante su elección y financiaron su elección”, apuntó el Colegio de Abogados de Nueva York.
Incluso, señaló que la coincidencia del mandato del tribunal disciplinario de jueces con el sexenio presidencial podría implicar una influencia por las preferencias políticas imperantes durante las elecciones, por lo que la elección de los miembros podría responder a una agenda política.
“El Colegio de Abogados de la ciudad exhorta al presidente López Obrador y a la presidenta electa Claudia Sheinbaum a reconocer la importancia de un Poder Judicial independiente para el Estado de derecho y a respetar la independencia judicial de conformidad con el derecho internacional y los compromisos internacionales de México”, concluye el colegio.
LP
