La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) envió una recomendación al secretario de la Defensa Nacional y al procurador General de la República por violaciones al derecho a la protección a la salud, a la vida y al acceso a la justicia, por personal del Hospital Militar Regional de Tampico y de la delegación de la PGR Tamaulipas.
El expediente que atrajo la CNDH de la Comisión Estatal de San Luis Potosí, señala que el 11 de agosto de 2015, una mujer de 30 años de edad fue internada en ese hospital para inducción del trabajo de parto, con el fin de evitar una macrosomía, sin tomar en cuenta algunos factores físicos de riesgo y la posibilidad de que el producto sufriera alteraciones patológicas posteriores al nacimiento.
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En "la intervención quirúrgica, la víctima presentó sangrado posparto, por lo que fue intervenida en tres ocasiones y se le extirpó la matriz; sin embargo, los médicos responsables omitieron prescribir transfusión inmediata, por lo que dicho procedimiento se realizó dos horas después, ocasionando falla multiorgánica por choque hipovolémico, y el posterior fallecimiento de la paciente".
Personal médico de la CNDH constató que, "después del parto y durante las 17 horas posteriores al mismo, a la víctima sólo se le practicó un estudio de laboratorio clínico, a pesar de que cuando se presenta un cuadro de hemorragia obstétrica grado IV y existe el riesgo de coagulopatía se recomienda realizar estudios seriados cada 30 minutos".
La Comisión determinó que, al ser un experto en ginecobstetricia, el médico responsable no valoró el riesgo que presentaba el inducir el parto y, por tal motivo, debió recomendar operación cesárea, para garantizar el derecho a la vida de la paciente y la protección de su salud.
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Por ello concluyó el personal médico del hospital dependiente de la Sedena, omitió brindar atención médica adecuada a una paciente con 38 semanas de embarazo, quien perdió la vida.
Por lo que corresponde al estado de salud del menor de edad, al momento de nacer presentó distocia de hombros y se le diagnosticó sepsis neonatal temprana, por lo que se le sometió a tratamiento antibiótico hasta su alta médica.
Estos hechos fueron denunciados ante la Procuraduría General de Justicia Militar misma que, por razones de competencia, fue remitida a la delegación de la PGR en Tamaulipas, instancia que inició averiguación previa y posteriormente la envió a reserva.
La CNDH acreditó demora en la investigación del caso por servidores públicos de la PGR, dado que la primera diligencia se realizó casi 19 meses después de que inició la averiguación previa, con lo cual se vulneró el acceso a la justicia de la víctima y su familia en la modalidad de inadecuada procuración de justicia.
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En la recomendación, la CNDH solicitó al secretario de la Defensa Nacional reparar el daño a las personas afectadas, inscribirlas en el Registro Nacional de Víctimas, otorgarles atención psicológica y tanatológica. Y colaborar en la presentación y seguimiento de la queja que se presente ante el Órgano Interno de Control de la Sedena.
Impartir en el Hospital Militar "un curso en materia de protección al derecho a la salud materna y a la vida; exhortar al personal médico a entregar la copia de la certificación y recertificación que tramite para acreditar que cuenta con las habilidades necesarias para otorgar un servicio de calidad, así como incorporar una copia de la presente Recomendación en el expediente del servidor público responsable".
A la PGR le solicitó instruir para que "se practiquen, en un plazo razonable, las diligencias necesarias relacionadas con la averiguación previa del caso y colaborar en la queja que la CNDH presente ante la Visitaduría General de la PGR por las omisiones señaladas".
IRH
