La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) dirigió una recomendación al gobernador de Guerrero, Héctor Astudillo y al fiscal general, Javier Olea, por la insuficiencia de medidas sanitarias, infraestructura y equipamiento para la atención de recién nacidos prematuros en el Hospital de la Madre y el Niño Indígena Guerrerense en Tlapa, Guerrero, que provocó la muerte de ocho menores de edad.
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La recomendación también abarca la inactividad durante 18 meses de investigación penal sobre las causas de la muerte de los bebés.
La CNDH constató que en los ocho casos de fallecimiento existían coincidencias en los padecimientos y complicaciones asociadas a la prematurez de los bebés, lo que ameritaba atención especializada en la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales, que estaba inhabilitada por trabajos de ampliación en el hospital.
El hospital improvisó áreas de vigilancia en las Unidades de Cuidados Obstétricos, Emergencias Pediátricas, Emergencias para Adultos, que no presentaban los requerimientos de higiene, infraestructura, equipamiento e insumos necesarios para una atención de calidad de los recién nacidos.
Se acreditó que las circunstancias en que el hospital brindó sus servicios de salud no garantizaron el derecho a la protección a la misma y a la vida de las víctimas del contagio.
Tras esos hechos, la Fiscalía el gobierno estatal mantuvieron 18 meses inactiva la investigación del caso, lo que violenta el derecho de acceso a la justicia de las madres y padres de los menores de edad.
Por ello, la CNDH recomendó al gobernador y al fiscal reparar el daño de acuerdo con la Ley de Víctimas del Estado de Guerrero, e inscribirlos en el Registro Estatal de Víctimas, así como darles atención psicológica oportuna a los familiares.
Además, el gobernador deberá establecer un programa presupuestario para dotar al hospital de los instrumentos, equipo y medicamentos necesarios que garanticen estándares de calidad en el servicio de salud.
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La Fiscalía deberá capacitar a su personal en materia de debida diligencia en la investigación ministerial y derecho de acceso a la justicia; realizar las gestiones necesarias para integrar con debida diligencia la carpeta de investigación y remitir a la CNDH las constancias que acrediten su cumplimiento.
