La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) acusó al Instituto Nacional de Migración (INM) de permitir que en sus operativos anti migrantes, tomen parte elementos de la Guardia Nacional, efectuando “funciones de revisión migratoria y detención de personas en contexto de movilidad” por lo que emitió una recomendación a Alfonso Durazo y Francisco Garduño.
La CNDH emitió su Recomendación 50/2020 en contra de estas instancias federales por agresiones contra los participantes de la Caravana Migrante en enero del presente año.
Dirigimos la Re/50/2020 al titular de la @SSPCMexico, @AlfonsoDurazo, y a @fgymexico, comisionado del @INAMI_mx, por agresiones que personal de ambas instituciones infligieron a integrantes de la Caravana Migrante.
— CNDH en México (@CNDH) October 29, 2020
Detalles, aquí. ????????#DefendemosAlPueblo pic.twitter.com/EzCJRQwCwT
El documento explica que Migración propició ”el empleo arbitrario o desproporcional de la fuerza, lo que significó una violación al derecho a la legalidad e integridad personal”.
Por tercera vez consecutiva en menos de seis días, la CNDH llamó la atención al titular del INM, Francisco Garduño, por las agresiones que su personal lanzó contra migrantes.
Dichas agresiones ocurrieron en coordinación con elementos del 21/o Batallón de la Guardia Nacional.
En lo que respecta a la Guardia Nacional, la Recomendación 50/2020 está dirigida al todavía secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Alfonso Durazo Montaño.
En el documento se explicó que migrantes “fueron agredidos con piedras, toletes y escudos” por elementos del Instituto Nacional de Migración y la Guardia Nacional, con el objetivo de impedir su avance en territorio nacional.
Al final de esos hechos ocurridos el 20 y 23 de enero, muchos migrantes que intentaban llegar a México por los municipios de Suchiate y Frontera Hidalgo, Chiapas, fueron detenidos y trasladados a una estación migratoria.
La defensoría nacional afirmó que con esa acción los migrantes que viajaban, incluso con menores de edad, fueron dañados en sus derechos humanos.
A Durazo Montaño se le pidió que, en coordinación con la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, proceda a la reparación integral del daño causado a las víctimas.
Además de impartición de cursos a los elementos de la corporación de seguridad, entre ellos uno que delimite su actuar.
En tanto que a Migración se le pidió localizar a las víctimas “a efecto de otorgarles atención médica y psicológica, incluyendo, en su caso, la provisión de medicamentos”. Ello a un poco más de 8 meses de los hechos.
jlmr
