El gobierno mexicano aceptó el mecanismo de seguimiento especial para el caso de Ayotzinapa propuesto por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), por lo que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) comenzó los preparativos para enviar a su personal a México.
Mediante un comunicado, la CIDH informó que prepara el envío de al menos dos asesores técnicos para recopilar información y documentación sobre el caso de los 43 normalistas de la normal rural, que el próximo 26 de septiembre cumplirán dos años desaparecidos.
De acuerdo con el comunicado, México y la CIDH definieron ayer un acuerdo "sobre la integralidad de los recursos necesarios para poner en marcha el mecanismo", sin detallar de parte de quién correrán los gastos.
Tras el acuerdo alcanzado, la CIDH comenzó la fase de implementación del mecanismo de seguimiento especial a la medida cautelar 409/14, la cual está relacionada con los estudiantes de la normal rural.
"El establecimiento de un mecanismo especial de seguimiento fue decidido por la CIDH el 29 de julio de 2016 mediante una resolución que establece que su objetivo es dar seguimiento a las recomendaciones formuladas por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes en sus dos informes, así como para la medida cautelar, principalmente la Resolución 42/16", explica el documento.
La comisión detalló que a partir de dicha decisión s e mantuvieron conversaciones con el Estado mexicano para la financiación del mecanismo de seguimiento, las cuales finalizaron ayer.
Para la visita a México la CIDH nombrará como mínimo a dos asesores técnicos especiales de la Secretaría Ejecutiva de la Comisión para realizar labores de recopilación de información y documentación sobre el caso.
El personal de la CIDH realizará al menos tres visitas a México, pero en caso de que sea necesario, podría concretarse una cuarta diligencia.
En coordinación con el gobierno mexicano, los asesores técnicos podrán realizar visitas a México con la frecuencia y por el tiempo que resulte necesario para su labor.
Según lo establecido en la resolución de la Comisión, estos asesores tendrán acceso pleno a la información necesaria en los expedientes y otras fuentes de información del caso, de acuerdo con la normatividad mexicana vigente y los estándares internacionales aplicables.
"Cuando la CIDH otorgó la medida cautelar el 3 de octubre de 2014, solicitó al Estado mexicano que adoptara las medidas necesarias para determinar la situación y el paradero de los 43 estudiantes identificados como desaparecidos, con el propósito de proteger sus derechos a la vida y a la integridad personal, entre otras solicitudes", explicó en el comunicado el Relator de la CIDH para México, Enrique Gil Botero.
Aseguró que "este objetivo continúa incumplido", por lo que la Comisión ha urgido al Estado reiteradamente a redoblar esfuerzos a fin de determinar su paradero.
En la medida cautelar, se destaca que "a pesar de los informes emitidos por el GIEI y las recomendaciones respectivas, las acciones adoptadas por las autoridades estatales aún no han arrojado resultados concretos o avances positivos que permitan su localización".
"El presente mecanismo constituye en estos momentos la herramienta idónea para que la CIDH pueda dar seguimiento a este y otros aspectos de la medida cautelar vigente", agregó.
