La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión (RELE) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) reconoció los avances de México en la investigación judicial sobre la utilización del software Pegasus en el país.
El 1 de noviembre, la Fiscalía General de la República (FGR) detuvo en Querétaro a Juan Carlos “N” por su probable responsabilidad en el delito de intervención ilegal de comunicaciones agravado en perjuicio de una periodista, utilizando el software Pegasus.
De acuerdo a la información disponible, el imputado habría sido integrante de Proyectos y Diseño VME, una de las compañías que adquirió el software, según indican reportes de fuente pública.
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El individuo habría sido puesto a disposición de un juez en el Centro de Justicia Penal Federal con sede en el Reclusorio Sur, según la FGR.
La Relatoría celebró esta medida y señaló que constituye un paso trascendental en la investigación de los hechos denunciados por la CIDH, la RELE y la Oficina en México de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en cuanto a la utilización del software Pegasus para espiar a distintas personalidades públicas que participan activamente del debate público y político.
No obstante, consideró que esta medida resulta por sí sola insuficiente ante la complejidad y dimensión de las denuncias recibidas.
Por ello, exhortó al Estado mexicano intensificar sus esfuerzos en el pleno esclarecimiento de los hechos y en la sanción efectiva de los responsables.
Además, invitó a adoptar las medidas necesarias para garantizar la integridad de las víctimas y sus representantes, así como a operadores judiciales y personas vinculadas al proceso judicial.
“Este avance acentúa las obligaciones de debida diligencia, exhaustividad y celeridad de la investigación en curso. En consecuencia, esta oficina exhorta y anima a México a continuar sus esfuerzos en la investigación de los hechos de forma completa, efectiva e imparcial”, señaló la Relatoría.
La oficina de la CIDH también instó a las autoridades a velar por la protección de la integridad de las víctimas y sus representantes, a las personas imputadas y de todas aquellas personas vinculadas al proceso judicial.
Lo anterior incluye a los operadores judiciales, de modo de evitar posibles presiones indebidas que busquen alterar la investigación o la expectativa de justicia ejemplarizante que garantice la no repetición de los hechos.
“Tratándose de una instancia particularmente trascendente, esta oficina considera de suma relevancia que el Estado active todos los mecanismos a su disposición con el fin de asegurar la cooperación de todas las agencias del Estado y entidades privadas que cuenten con información que contribuya al esclarecimiento de los hechos”, finalizó.
scsa
