El líder parlamentario del PRI de la Cámara de Diputados, César Camacho, advirtió que la última palabra en el caso de los normalistas desaparecidos en Iguala corresponderá a la autoridad judicial de México y no al Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
"El grupo de expertos internacionales tendrá opiniones técnicas que se sumarán a otras, pero aquí el rector del proceso es un juez nacional que tiene la autoridad formal y la autoridad jurídica para conducir el proceso; (los expertos) son como contribuyentes tributarios en la selección, en la suma de evidencias, pero por supuesto no tienen la autoridad jurídica para dar lo que llamaríamos coloquialmente la última palabra", puntualizó.
Camacho negó que el Estado mexicano abdique sus responsabilidades al permitir la supervisión y evaluación de la CIDH sobre las averiguaciones.
"El Estado mexicano no abdicará nunca de sus quehaceres, de sus tareas, porque además tiene la legitimidad legal y ética para actuar, y en tiempos en que la transparencia llegó para quedarse, nada de lo que resuelvan quedará en el secreto de un expediente", explicó.
El presidente de la Mesa Directiva en el Palacio de San Lázaro, Jesús Zambrano, celebró la disposición del gobierno federal a corregir la "verdad histórica" sobre lo ocurrido a los estudiantes de Ayotzinapa y calificó como un buen mensaje la decisión de admitir la participación del grupo de expertos en las averiguaciones.
Respaldó el convenio que permitirá a los expertos dar seguimiento al caso, pues, dijo, la autoridad debe mantenerse totalmente abierta a recibir cuantas evidencias se puedan acumular.
Zambrano advirtió que México necesita, por su propia tranquilidad interna, que se llegue a la verdad última, se sepa el paradero de los jóvenes normalistas y se castigue a los responsables de estos hechos.
