Usuarios del transporte consideraron que los juzgados les pueden dar la razón dentro del juicio de amparo que promovieron contra el Gobierno del Estado, debido a que las autoridades no presentaron pruebas para combatir la acusación y esto se traduce en que admiten la falta.
Esto surge luego de que el colectivo Únete Pueblo interpusiera un juicio de amparo contra el Gobierno Estatal debido a que no han lanzado una convocatoria para nombrar a tres representantes ciudadanos dentro del Consejo Estatal del Transporte pese a que es obligación por ley desde el año 2007.
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El gobernador interino, Manuel González, no presentó su informe justificado ante el Juzgado el pasado 12 de abril, cuando estaba programada la sentencia definitiva al juicio de amparo, y aunque la sentencia fue diferida hasta el 9 de mayo, las autoridades continúan sin justificar la omisión, informó Héctor González, representante jurídico del colectivo.
"Mientras la autoridad no rinda un informe justificado, da la presunción de que sí cometieron los actos o sea se presume que sí son ciertos, entonces el juez nada más tiene que evaluar que las pruebas aportadas y los hechos narrados sean suficientes. Ya por lo menos, al no rendir informe justificado, tenemos la presunción de que lo que decimos sí es cierto", dijo.
Cabe aclarar que el juicio de amparo se promovió contra tres autoridades: el Consejo Estatal del Transporte; el director de la Agencia Estatal del Transporte, Jorge Longoria, y el gobernador Manuel González, de los cuales, este último fue quien no rindió ningún informe o presentó pruebas.
Por otra parte, luego de que los integrantes de Únete Pueblo presentaron su tarjeta feria para acreditar que son usuarios del transporte, y por lo tanto, tienen interés jurídico para interponer el amparo, la AET y el Consejo Estatal del Transporte alegaron ante el Juzgado que esto no es prueba suficiente.
Héctor González explicó que quien acusa tiene la obligación de demostrar, pero en este caso ni la AET ni el Consejo presentaron pruebas para sustentar que Únete Pueblo no cuenta con interés jurídico en la materia.
El abogado explicó que la Agencia Estatal del Transporte tiene manera de comprobar que sí son usuarios, mediante una solicitud de información hacia la empresa que administra la tarjeta feria, Enlaces Inteligentes, pero supone que no lo han hecho porque quedaría en evidencia la verdad.
Finalmente, González explicó que el objetivo de haber interpuesto el juicio de amparo es lograr tener representación al interior del Consejo para que no se hagan acuerdos en "lo oscurito", –por ejemplo sobre algún aumento a las tarifas del Transporte – sino que esto sea transparente a la ciudadanía.
