El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) ofreció a México un préstamo por 600 millones de dólares para fortalecer el programa Prospera, con la condición de que el organismo participe en la evaluación de las acciones de dicha política, a 20 años de la implementación de programas similares, así como a la transparencia y difusión de sus resultados.
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El préstamo fue propuesto para ser ejecutado por la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) y será desembolsado durante 36 meses para pagarse en el año 2029. La cifra representa alrededor del 6 por ciento del presupuesto total anual de Prospera.
El documento “Apoyo al fortalecimiento de Prospera, Programa de Inclusión Social”, difundido por el BID en diciembre, destaca que una tarea pendiente de la política es medir los impactos de largo plazo.
Por ello, el BID está interesado en participar en evaluaciones de efectos inducidos etapas claves de la vida de la población beneficiada, como la primera infancia, las transiciones escolares y la inserción al mercado laboral.
“Se ha formado un grupo de trabajo para explorar alternativas metodológicas y criterios para definir un conjunto de estudios que permitan medir los potenciales impactos perdurables por el hecho de haber recibo el apoyo del programa en etapas clave del ciclo de vida de los hogares beneficiarios”, afirma el documento.
“Siguiendo con la tradición de transparencia, rendición de cuentas y promoción de generación de conocimiento que ha caracterizado al programa, el Banco apoyará la creación de una biblioteca virtual para poner a disposición del público en general esta vasta colección de información”, añade el texto.
El BID y el gobierno federal acordaron trabajar de manera conjunta en apoyar la evaluación de largo plazo del programa; generar conocimiento y potenciales ajustes de las intervenciones y revisar la estructura de los apoyos para potencializar los impactos.
“Esta agenda de trabajo proveerá elementos para realizar eventuales ajustes al reglamento operativo que rige la entrega de las transferencias monetarias. Estas potenciales modificaciones, que se espera sean contempladas para el año fiscal 2018 y sobre todo en 2019, son el mecanismo por el cual la agenda de estudios tiene incidencia en los incentivos y montos de las transferencias”, agrega el documento.
Como una medida para la generación de conocimiento, el BID participará en el levantamiento de la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición para recolectar el perfil epidemiológico de los beneficiarios de Prospera.
Esto, dice el BID, “sentará las bases para llevar a cabo una revisión y reflexión comprensiva sobre la estructura actual de incentivos de Prospera”.
Según el organismo, el cambio de gobierno en 2018 permitirá proponer adecuaciones a la estructura y monto de los apoyos para “optimizar los impactos”.
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El miércoles pasado, la Sedesol anunció en el Diario Oficial de la Federación los Lineamientos para la integración del Padrón Único de Beneficiarios, un instrumento que estaba pendiente y que tiene como objetivo “contribuir al establecimiento de medidas de seguimiento y control, a la identificación de las concurrencias de los apoyos y a coadyuvar a evitar la duplicidad de beneficiarios de programas”.
