Las diputadas y diputados de la comisión de Procuración y Administración de Justicia aprobaron reformas al Código Penal del Estado de México para poder denunciar y castigar el delito de robo y abigeato -robo de animales- también cuando sea cometido por algún familiar para que la víctima ya no quede en estado de indefensión.
La propuesta del diputado Gerardo Ulloa Pérez que se aprobó considera que es necesario homologar la ley como en otras 28 entidades del país, para que la persona que sufrió el robo tenga completa libertad de decidir si presenta denuncia o no, sin importar el vínculo familiar sino el daño material ocasionado.
Actualmente el delito de robo y abigeato no es punible en el Estado de México cuando lo comete un ascendiente en contra de su descendiente o viceversa, por un cónyuge en contra del otro, por el concubinario contra la concubina o viceversa o por el adoptante contra el adoptado y de manera contraria.
En unos días el dictamen será votado en el pleno para que ambos delitos sean perseguidos como en otros estados, independientemente de que lo cometa algún familiar.
Van contra 'madrinas'
Asimismo, acordaron reformas al Código Penal para castigar con más de 10 años de prisión a quienes coadyuven en la usurpación de funciones y faciliten uniformes, insignias, vehículos oficiales, incluso armas, con objeto de amedrentar a la sociedad y sea acompañados por personas externas en el cumplimiento de sus labores ministeriales.
El objetivo de esta reforma es combatir abusos y extorsiones a las personas encargadas de la seguridad pública que coadyuven en la usurpación de funciones y se hagan acompañar de lo que popularmente se conoce como “madrinas” quienes sólo se dedican a cometer actos arbitrarios, con el apoyo de policías.
Quedó establecida una pena de dos hasta siete años de prisión para la autoridad o persona servidora pública que, en ejercicio de sus funciones, coadyuve a un tercero para que simule ser parte de la institución pública que representa. La pena aumentará en una mitad, es decir, más de 10 años de prisión cuando dicha autoridad esté a cargo de la seguridad pública y el delito se perseguirá de oficio.
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