Al aclarar que los 38 municipios de Coahuila tienen mayor gasto en nómina y gasto corriente que en obra pública, el auditor Armando Plata Sandoval reveló en el caso de Torreón además incrementó un 6 por ciento la contratación de trabajadores en menoscabo de la obra pública durante 2018, rebasando el 2 por ciento que establece la Ley de Disciplina financiera.
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El titular de la Auditoria Superior del Estado, manifestó que el alcalde Jorge Zermeño Infante sobrepasó los porcentajes permitidos en la ley y, aunque dijo, no es el único municipio, Torreón es de las ciudades más granes a los que se les ha detectado este tipo de irregularidades en el análisis trimestral del ejercicio fiscal del año pasado.
Explicó que se encuentran en la revisión de la cuenta pública 2018, cuyo ciclo se cerrará en octubre para la preparación de la elaboración del informe que será en el mes de diciembre, “ya nada más nos reservamos los plazos para que nos conteste la parte auditada y el tiempo que nos lleve la elaboración del informe final”, señaló.
El funcionario fue claro al señalar que no existe ningún municipio en Coahuila que tenga mayor inversión pública que pago de nómina o gasto corriente, “fuera lo mejor, acabamos de publicar nuestro análisis trimestral, vemos como en algunos municipios hasta grandes, en el segundo trimestre tuvieron un brinco en sueldos y salarios”, dijo.
Plata Sandoval indicó que entre las irregularidades encontradas están municipios medianos y pequeños que no han logrado integrar al 100 por ciento la nómina timbrada, lo cual es un requisito fiscal, lo que además les impide aprovechar los estímulos económicos que la Secretaria de Hacienda les da a los gobiernos en materia de devolución del 100 por ciento del Impuesto Sobre la Renta a los Trabajadores.
“Otro fuera la debida conciliación de lo que se aporta vía comprobantes electrónicos fiscales con el registro contable. Al final de cuentas lo que está registrado contablemente debe estar 100 por ciento soportado por comprobación electrónica”, dijo.
“Le dimos un viraje muy profundo a la fiscalización de la cuenta pública, iniciamos solicitando de manera integral todos los CFDI, toda la comprobación electrónica, de transacciones con terceros y la nómina timbrada de todos los trabajadores”, indicó.
Plata Sandoval también habló del caso de Parras de la Fuente que canceló 104 pensiones que se otorgaban a extrabajadores del Ayuntamiento argumentando que incumplían los requisitos.
En este sentido, reconoció que la instancia a su cargo exige expedientes integrados en los que se compruebe el derecho de este beneficio, al señalar que se detecta que al concluir una administración hay casos de conflicto de interés o personas que no pueden acceder a una pensión.
“Ya implican problemas legales o jurídicos un tanto más complicados en materia laboral, pero estamos a disposición propiamente del Congreso si nos bajan algún punto de acuerdo, obraremos en consecuencia”, indicó.
