La Comisión de Gobernación de la Cámara de Diputados aprobó esta tarde el dictamen de la Ley General de Transparencia y lo turnó de inmediato a la Mesa Directiva para ser discutido y votado en la sesión del próximo jueves.
Aprobado sin modificación alguna con 22 votos a favor y uno en contra, el proyecto prevé el acceso a la información pública en poder de cualquier autoridad, entidad, instancia u organismo de los Poderes de la Unión, así como de los órganos autónomos, fideicomisos, fondos, sindicatos y partidos políticos.
La nueva legislación aprobada ya por el Senado de la República establece que las personas físicas o morales que reciban y ejerzan recursos públicos estarán igualmente sujetas al escrutinio ciudadano.
Los legisladores federales y locales fueron también incluidos como sujetos obligados a las disposiciones de transparencia y rendición de cuentas, aunque los senadores introdujeron un artículo transitorio que daría al Congreso de la Unión cinco meses de plazo para cumplir sus obligaciones de rendir cuentas.
El presidente de la Comisión de Gobernación, el priista Abel Salgado, recordó que la Ley General de Transparencia incluye también el principio de “prueba de daño” como obligación de las autoridades para reservar cualquier información de carácter público solicitada por los ciudadanos.
La Cámara de Diputados perfila aprobar pasado mañana el dictamen en sus términos y sin modificación alguna, mientras el Senado de la República avalará simultáneamente la reforma constitucional del Sistema Nacional Anticorrupción.
