La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ordenó el aplazamiento de los juicios de amparo que promovieron maestros y que impugnan las leyes General de Educación, del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación y General del Servicio Profesional Docente, en tanto este Alto Tribunal resuelve sobre la constitucionalidad de la normas.
El ministro presidente Juan Silva Meza emitió un acuerdo en el que se ordena a los tribunales colegiados a remitir los asuntos al máximo tribunal de justicia para su estudio.
De acuerdo a información proporcionada por la Dirección General de Estadística Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, se promovieron 6 mil 661 demandas de amparo en contra de los decretos señalados.
Asimismo, se encuentran radicados en el Primer Tribunal Colegiado del Centro Auxiliar de la Segunda Región (36); en el Segundo Tribunal Colegiado del Centro Auxiliar de la Segunda Región (39), y en el Tercer Tribunal Colegiado del Centro Auxiliar de la Segunda Región (37), un total de 112 amparos en revisión.
En marzo pasado, diversos jueces federales negaron amparos a los maestros que impugnaron las leyes secundarias de la reforma constitucional en materia educativa aprobada en 2013, pues consideraron que no violan los derechos adquiridos por los profesores.
En las sentencias, se menciona que ni la Ley General de Servicio Profesional Docente, Ley General de Educación y Ley del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, no vulneran los derechos del sector magisterial contemplados en la Carta Magna y en tratados internacionales
