El informe "En el Desamparo" que aborda el caso de Allende, Coahuila, realizado por el Colegio de México a petición de la Comisión Nacional de Atención a Víctimas, será aceptado por el Gobierno del Estado y se harán los comentarios al respecto, informó el Gobernador, Rubén Moreira Valdez.
El mandatario expuso que ya conoce el informe desde hace tiempo, sin embargo, espera que se dé a conocer para hacer los comentarios al respecto.
"De entrada nosotros lo vamos a aceptar, pero no haremos una respuesta, sino que haremos comentarios a lo que él está señalando, porque lo que nos interesa es que se conozca la verdad", indicó.[OBJECT]
"Es un informe amplio y que hay algo que se distingue, las dos intenciones de atender y como el Gobierno del Estado enfrenta el problema", agregó.
Dijo también que por obviedad se acepta que puede haber fallas por parte de la Administración Estatal, sin embargo, el informe sirve para revisar, por lo que también se harán los comentarios correspondientes.
El informe describe la situación en la que se encontraba el municipio de Allende en la administración anterior, entre el 2009 y el 2011, periodo en el que se registraron las desapariciones.
Sin embargo en su mayoría, es información que ya se ha dado a conocer por medios de comunicación, como el que la Procuraduría General de Justicia del Estado solo tiene certeza de 42 personas desaparecidas, que los elementos de la Policía Municipal colaboraban con el grupo criminal denominado los Zetas, que estos últimos tenían el control total del pueblo extorsionando a sus habitantes.
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El informe detalla lo ocurrido el 18 de Marzo del 2011, cuando por orden de los hermanos Miguel Ángel y Omar Treviño Morales, se destruyeron 32 casas y 2 ranchos para eliminar a la familia de Luis Garza Gaytán, así como amigos y colaboradores de Poncho Cuellar y Héctor Moreno, desapareciendo en total a 26 personas, ese día.
En el apartado "Insuficiencias y omisiones del Gobierno de Coahuila", el informe destaca que no se le da prioridad al derecho a la verdad, la lentitud extrema de atención a un asunto que debió haber recibido mayor respuesta, pues fue ignorado desde 2011 hasta 2013 y apenas atendido a finales del 2014.
"Tampoco se refleja el interés por relacionar a Allende con otros municipios. El expediente se centra en las represalias contra Garza, sin referirse a lo que seguramente hicieron los Zetas en municipios aledaños para castigar a Cuellar y Moreno", apunta el informe.
"Esta falta de interés por la verdad y el afán de dar por cerrado el asunto tal vez influyan en la insistencia del Gobierno de Coahuila a las familias y a sus representantes de que los desaparecidos están muertos y que los perpetradores también están muertos o encarcelados. Una contradicción no resuelta es que en el expediente de la Procuraduría reciben el trato de secuestro calificado", agrega.[OBJECT]
Califica como inadecuada la labor de la Comisión de Estatal de Derechos Humanos y por la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas (CEEAV) para un caso de "tal magnitud".
Ante esto se concluye que las víctimas de Allende y de San Fernando, Tamaulipas, no recibieron trato adecuado de los gobiernos de los estados, pues el informe aborda ambos casos.
JFR
