El gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro anunció que la reforma el Sistema Estatal Anticorrupción que contemplaba no otorgar salarios a los integrantes del Comité de Participación Social, no será publicada y se incluyan observaciones al Congreso del Estado para mantener las percepciones.
Por medio de un video publicado en redes sociales, el mandatario estatal dijo que “en Jalisco estamos comprometidos con fortalecer nuestro Sistema Estatal Anticorrupción. No queremos debilitarlo, al contrario, entendemos que en esa agenda es soporte del futuro de Jalisco. Por eso en un ejercicio nunca antes hecho en nuestro estado, he tomado la determinación de enviar observaciones al Congreso respecto a esta reforma que eliminaba los sueldos de los consejeros ciudadanos, para no publicar esa reforma y construir, en acuerdo con el Poder Legislativo, no en un ejercicio de confrontación, sino en un ejercicio de acuerdos, argumentos que nos permitan corregir un planteamiento que, insistimos, aunque compartimos en su espíritu, no compartimos en términos de su forma”.
“Esta decisión es para acabar con ese debate y el intento de algunos por desviar la atención de lo verdaderamente importante: que el Congreso aprobó una reforma muy importante que fortalece este sistema y que nos permite seguir luchando contra este terrible mal que aqueja a Jalisco y a la nación. Espero que sea un mensaje positivo y que se entienda claro y contundente en todo México. Aquí en Jalisco estamos comprometidos con la lucha en contra de la corrupción en serio, no sólo en discurso. Queremos fortalecer nuestro sistema estatal y queremos hacerlo de la mano de la sociedad”, agregó Alfaro Ramírez.
Esta iniciativa contempla que los integrantes del CPS continúen con un salario con algunos criterios a considerar: las percepciones serán definidas por el Comité Técnico de Valoración Salarial (CTVS) con base en la Ley de Austeridad y acorde con la responsabilidad y trabajo de cada miembro; no podrán recibir recursos de otras entidades; si van a tener un sueldo pagado con el dinero de los jaliscienses, deben renunciar a recibir una remuneración que venga de otro lado, lo anterior con la finalidad de evitar incurrir en conflictos de intereses; además, se exigirá rendición de cuentas, ya que deberán presentar su declaración patrimonial y de intereses.
Asimismo, Alfaro Ramírez destacó que, en caso de aceptarse las observaciones por el Legislativo, el Congreso tendrá la tarea y responsabilidad de evaluar el desempeño de cada miembro del CPS, al mismo tiempo que estos tendrán la responsabilidad de informar lo que están haciendo, con el propósito de tener seguimiento de acciones y evaluar resultados. También se definen las causas para separar de su cargo a quien no cumpla con su tarea.
Por su parte, la presidenta del CPS, Annel Vázquez Anderson, reconoció la apertura de Alfaro Ramírez para consensar las alternativas para incluir a la ciudadanía en la lucha contra la corrupción. En un mensaje en redes sociales, aclaró los siguientes puntos: “uno, los criterios de ingreso del Comité de Participación Social son una facultad de la Comisión de Selección, pero debe de revisarse el tema de la permanencia, desde 2019 el Comité de Participación Social estableció un código de ética y conducta, necesario en cualquier organización colegiada; dos, los honorarios del Comité de Participación Social y de cualquier organismo público no deben ser decididos discrecional y arbitrariamente, deben ser el resultado de análisis técnicos, de responsabilidades, atribuciones y perfiles, nuestras percepciones fueron establecidas por el Comité Técnico de Valoración Salarial desde 2018; tres, coincidimos en que debemos rendir cuentas, y lo hacemos. Cada año, como obliga la ley, presentamos un informe ante los poderes públicos del estado”.
Vázquez Anderson añadió que están de acuerdo con publicar declaraciones patrimonial y de intereses, “y nos comprometemos a que a partir del próximo jueves nuestras declaraciones se encuentren publicadas en nuestra página web”. Finalmente, aseguró que mantendrán el diálogo.con las instituciones públicas y el gobernador para ser un referente nacional en la lucha contra la corrupción .
SRN