Debido a que se contrapone la libertad de expresión contra el periodo de veda electoral, legisladores locales advirtieron que falta regulación en el uso de las redes sociales pero "nadie le quiere entrar al tema".
Hernán Salinas Wolberg y Héctor García García, legisladores del PAN y PRI, respectivamente, señalaron que el Instituto Nacional Electoral (INE) sí fiscaliza el uso redes sociales y esto se toma en cuenta para los topes de gastos de campaña; caso contrario a lo que alegó la ex diputada Liliana Flores Benavides sobre que no existía ninguna normatividad al respecto.
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Sin embargo, ambos diputados coincidieron en que no existen criterios específicos o bien definidos sobre lo que se permite y lo que no se permite hacer en las cuentas personales de candidatos y aspirantes debido a que interviene la libertad de expresión.
"El INE ya advirtió en las reglas y en los acuerdos administrativos que se tienen con todos los partidos, que también el tema de redes será fiscalizable o sea quiere decir también será contabilizado para campaña, efectivamente no todo, aún falta hacer mucho en el tema para que sean muy reguladas.
"Sí hay que entrarle al tema de redes, nadie le estamos entrando al tema de redes. Todo el mundo ve un choque entre la libertad de expresión y la regulación de redes sociales pero yo creo que no tarda mucho en que esto suceda, en que empiece la regulación en las redes sociales", dijo García.
Salinas Wolberg también explicó que el PAN ha realizado solicitudes al INE sobre la publicación de lineamientos más específicos en el uso de las redes, pero la respuesta que han obtenido es que ellos irán analizando caso por caso y deben existir denuncias de por medio.
"Se tiene que reportar y si hay una omisión se corre el riesgo evidentemente de ser sancionado por la autoridad electoral", mencionó el legislador albiazul.
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Los diputados explicaron que los candidatos electos internamente por sus partidos políticos tienen prohibido pedir el voto o denostar a algún contrincante durante el periodo de intercampañas que termina el 28 de abril.
Además, la promoción personalizada es objeto de fiscalización: desde el uso de logos oficiales del partido o del candidato hasta las propuestas de campaña; mientras que los actos personales y cotidianos son ajenos a la veda electoral y no se incluyen en los topes de campaña.
