Aunque en el Congreso hay alrededor de 15 iniciativas pendientes para eliminar el financiamiento público a los partidos políticos, organismos internacionales advirtieron que no es recomendable esa medida, ya que así se evita la influencia de agentes privados en decisiones legislativas o de gobierno.
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En su investigación Gasto y fiscalización electoral en México: 1997-2017, el Instituto Belisario Domínguez (IBD) del Senado dijo que en otros países se ha documentado que eliminar este tipo de financiamiento causa la dependencia de candidatos y partidos hacia las organizaciones privadas para buscar fondos para campañas.
El texto dice que las iniciativas propuestas en el Congreso no toman en cuenta los problemas derivados del actual modelo de fiscalización y de los requerimientos presupuestales del Instituto Nacional Electora, en razón de sus nuevas facultades derivadas de la reforma político electoral de 2014.
Según el IBD, las multas asignadas a los partidos son ínfimas ante las proporciones del presupuesto público que reciben en años subsecuentes, por lo que es necesario mejorar los métodos de fiscalización y revisar la proporcionalidad de las multas y el financiamiento.
Agregó que el esquema actual es insuficiente para disuadirlos de conductas ilícitas, tales como: obtener financiamiento de origen desconocido o gastar sin objeto partidista.
Además, aunque existen nuevas causales de nulidad para cualquier elección el actual modelo de fiscalización no es suficiente para detectarlos.
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El IBD señala que, en el caso de los topes de gasto de campaña, la pronunciada disparidad de criterios del cálculo de éstos en las entidades federativas hace poco plausible que se pruebe su rebase.
