La legisladora priista Melissa Vargas acusó al presidente Andrés Manuel López Obrador de promover la participación de ciudadanos extranjeros en los asuntos públicos y políticos de México mediante la iniciativa de reformas al artículo 33 constitucional recién presentada ante la Cámara de Diputados.
“Es de llamar la intención el interés que tiene el gobierno federal en permitir que los extranjeros participen en asuntos públicos y políticos del país y es que en los últimos seis meses ha habido una amplia participación de extranjeros”, dijo en un vídeo mensaje compartido en redes sociales.
Un nuevo riesgo para Mexico al querer modificar el art 33 Const.
— Melissa Vargas (@melissavargasmx) March 13, 2023
Te explico que quieren hacer el Gob Federal y Morena. pic.twitter.com/XnXKV8uXYK
La diputada federal por el Estado de México citó como ejemplo del activismo de ciudadanos extranjeros a favor del gobierno de Andrés Manuel López Obrador los casos de Abraham Mendieta, Arturo Loaiza, Israel Arconada y Julia Klug.
Subrayó que Mendieta, de nacionalidad española, es asesor de Morena, columnista político y “férreo crítico de los opositores del partido en el poder”.
El venezolano Arturo Loaiza es subdirector de Materiales Educativos de la Secretaría de Educación Pública, encargado de los contenidos de los libros de texto gratuitos para los estudiantes de nivel básico.
Vargas remarcó asimismo que Israel Arconada, de origen español, es también asesor de Morena y señalado por sus posibles vínculos con la organización terrorista ETA, además de beneficiarse con 11 contratos del gobierno federal con Canal Once.
Señaló igualmente el caso de la activista guatemalteca Julia Klug, “quien apoya todos los movimientos del actual presidente y quien recientemente con arma en mano fue a amenazar a la ministra Norma Piña a las afueras de la Suprema Corte”.
El presidente López Obrador envió el miércoles 8 de marzo a la Cámara de Diputados su iniciativa de reformas al artículo 33 constitucional para establecer que el Ejecutivo podrá expulsar del territorio nacional a personas extranjeras, “siempre y cuando se acredite que su estancia en el país constituye un riesgo o afectación a la seguridad nacional”.
La propuesta garantiza asimismo a los extranjeros el derecho a la libre manifestación de ideas y elimina para ellos la prohibición expresa de “no inmiscuirse en los asuntos políticos del país”.
JLMR
