Las acciones legales iniciadas ante la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo (PGJEH) en contra del expresidente municipal Gabriel García Rojas y las personas que participaron en la manifestación del 4 de agosto generando daños a propiedad municipal y lesiones a funcionarios públicos no se detendrá y seguirá hasta las últimas consecuencias, aseveró la presidenta municipal de Tizayuca, Susana Araceli Ángeles Quezada.
Detalló que al momento se mantiene la integración de las carpetas de investigación ante las denuncias presentadas ante el Ministerio Público (MP) autoridad que lleva a cabos las diligencias y averiguaciones pertinentes para fincar o deslindar responsabilidades de las personas involucradas en estos actos violentos que se suscitaron en la sede de la presidencia municipal, mismos que fueron encabezados por el expresidente emanado del Partido Revolucionario Institucional (PRI).
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“Todos vimos quiénes estaban al frente de la turba violenta, se dieron todos los datos y nombres de las personas identificadas en este grupo de choque para deslindar o fincar el grado de participación de cada una de ellas, pero es un hecho que el expresidente municipal, Gabriel García Rojas, estaba entre las personas que estaban en la manifestación. No hay marcha atrás, dado que no se puede contar con principios básicos de respeto para entablar el diálogo, nos vemos en la necesidad de trabajar con estas personas por la vía legal y queda cerrado el diálogo con estos actores políticos”, sentenció.
Esto a pesar de que ya tenían diálogos con García Rojas en torno a este Plan de Ordenamiento de Actividad Comercial y Ambulantaje en el municipio por fungir como “intermediario” con los comerciantes ambulantes y buscar una solución de beneficio mutuo, además por respeto a que en la anterior administración fungió como titular del Ejecutivo municipal, sin embargo, al no tener respeto mutuo ante la nueva gestión se tomó la decisión de tratar únicamente por la vía legal este tema y cesar las reuniones con el expresidente, pues mantiene una campaña de desprestigio en contra de la actual administración.
“Hay una campaña por parte de estas personas que tenían privilegios, quieren acusarnos de ser un gobierno cerrado, rechazamos la violencia, pero en realidad son este grupúsculo de personas que desean seguir siendo interlocutores de la sociedad y tener privilegios”
“No sólo el expresidente es uno de ellos, funcionarios de la anterior administración municipal querían ser violentos, hacer valer el respeto a la autoridad legítima piden cambio y transformación a las reglas de convivencia social después de que el poder se pasó de uno a otro en la misma familia durante años, hoy que hay cambio se sienten vulnerados en el trato privilegiado que solían tener, antes habíamos aceptado tener como interlocutores al expresidente, pero hoy ya no, porque se quiere seguir teniendo trato preferencial y es un acto deshonesto detrás de las manifestaciones violentas que se han generado”, sostuvo.
Pretendía beneficio en arrendamiento de terreno
De igual forma, la presidenta municipal de Tizayuca Susana Araceli Ángeles Quezada señaló que el principal motivo por el cual no se llegó a un acuerdo con los 11 comerciantes ambulantes que fueron removidos del parque en las inmediaciones de la presidencia municipal, fue derivado a que el expresidente Gabriel García Rojas pretendió obtener beneficios del acuerdo, por lo que se rechazó la propuesta emitida por la administración municipal para su reubicación.
Esto debido a que se les propuso como sede para sus puestos semifijos un terreno a 70 metros de distancia de su ubicación anterior, con un costo de arrendamiento de cinco mil pesos mensuales, de los cuales el 60 por ciento sería pagado por el municipio, es decir tres mil 300 pesos, 300 pesos por cada uno de los 11 puestos semifijos; el resto, 200 pesos por comerciante, sería pagado por los ambulantes; sin embargo, no se llegó al acuerdo debido a que como interlocutor García Rojas propuso el arrendamiento de un terreno, propiedad de su hermano, por un monto de 11 mil pesos mensuales y que fuera el municipio quien cubriera la totalidad de este gasto.
Finalmente, Ángeles Quezada recordó que el diálogo sólo está cerrado a los actores políticos que buscan un beneficio, no con los comerciantes ambulantes de todo el municipio, por lo que exhortó a que se acerquen y busquen una solución que beneficie a ambas partes sin la necesidad de intermediarios que sólo pretenden conservar sus privilegios, “hay que diferenciar, el cierre al diálogo es con los actores políticos y no habrá marcha atrás, ya no hay diálogo; pero, hay completa apertura al diálogo a todos los que habían formado parte de esa organización pensando que es la única forma de lograr un acercamiento, no necesitan intermediarios, no necesitan que alguien más hable con ustedes y ya se demostró con los 11 comerciantes que son los únicos retirados al momento”.
