Iñaki Blanco, ex fiscal de Guerrero, dijo que autoridades locales investigaban al ex alcalde de Iguala, José Luis Abarca, por enriquecimiento ilícito desde meses antes de que desaparecieran los 43 normalistas de Ayotzinapa.
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El ex secretario de Gobernación y senador, Miguel Ángel Osorio Chong, también informó que autoridades federales investigaban al ex presidente municipal por enriquecimiento ilícito y presuntos vínculos con el crimen organizado, por lo que señaló que si Abarca estaba libre, fue por omisión de autoridades locales.
“Lo que hizo este gobierno, en 2012 o 2013, fue iniciar (la averiguación) por enriquecimiento ilícito y pensamos que por ahí íbamos a poderlo detener. Debíamos tener pruebas, entonces empezamos por enriquecimiento ilícito e íbamos muy adelantados y luego se dan los hechos trágicos de Iguala.
"Si Abarca era presidente municipal de Iguala el 26 de septiembre de 2014, no fue por falta de pruebas en su contra, sino por la omisión deliberada de las autoridades facultadas para investigarlo y consignarlo. Y la tragedia de aquella noche tal vez podría no haber sucedido”, señaló.
Al respecto, Iñaki Blanco dijo en entrevista con Azucena Uresti con Grupo Fórmula que si las autoridades federales investigaban a Abarca, "fue un error gravísimo" no compartir la información que tenían con la Fiscalía General del Estado (FGE).
"Si es omisión, habría que preguntarse si no es de autoridades que contaban con información sobre enriquecimiento ilícito, la Fiscalía de Guerrero investigaba a Abarca desde meses antes de la noche trágica de Iguala, la hacíamos en coordinación con la PGR, pues se presumía la existencia de hechos constitutivos de delito, entre otros, del orden federal, como es delincuencia organizada", acusó.
El ex funcionario añadió que Abarca tenía fuero, por lo que actuaron conforme a derecho para procesarlo, sin embargo, señaló que las autoridades federales debieron arraigarlo si tenían las pruebas suficientes, pues la limitante no existía a ese nivel.
"En la Fiscalía existía impedimento legal para detenerlo, tenía fuero constitucional, con los datos de prueba necesarios, se decidió promover juicio de procedencia ante el Congreso; se actuó en consecuencia (...)detener a ese sujeto sin elementos de convicción y con fuero, era ilegal."La limitante no exista a nivel federal, existían investigaciones por enriquecimiento ilícito, las autoridades de orden federal pudieron imponer la medida cautelar de arraigo, no haberlo hecho y no haber compartido información con la Fiscalía General de Guerrero es gravísimo, la toma de decisiones pasó más por lo político que por lo judicial", puntualizó.
