El senador y dirigente nacional de Movimiento Ciudadano (MC), Clemente Castañeda, presentó una iniciativa de reformas a las leyes General de Desarrollo Social y Orgánica del Banco del Bienestar para blindar los programas sociales del gobierno federal contra “moches” y sobornos, desincentivando la entrega de dinero en efectivo y priorizando medios electrónicos de pago.
Detalló que más de la mitad de los beneficios de los programas sociales se distribuye en efectivo, lo que implica un mayor riesgo de desvíos.
Castañeda citó como ejemplo las denuncias por actos de corrupción registradas en programas como Sembrando Vida y Jóvenes Construyendo Futuro, cuyos operadores han pedido “moche” a los beneficiarios.
Actualmente, de acuerdo con información de Coneval, existen 150 programas sociales federales, poco más de mil 200 estatales y más de 6 mil 800 municipales.
El gobierno de México destina anualmente un billón 100 mil millones de pesos a los beneficiarios y, del monto total, 56 por ciento lo distribuye en efectivo y el restante 44 por ciento a través de tarjetas bancarias y órdenes de pago.
No obstante, la Secretaría de la Función Pública no ha podido contener los círculos de corrupción en torno a los programas estrella del gobierno federal, acusó el senador Castañeda.
“Si este gobierno quiere priorizar y profundizar los programas sociales como una medida para combatir la pobreza y la desigualdad, en MC creemos que es crucial generar herramientas que garanticen que los recursos efectivamente llegarán a la gente, sin moches ni malos manejos, y que existirán los mecanismos de transparencia y trazabilidad necesarios”, puntualizó.
El coordinador nacional de MC insistió en que la disminución del uso de efectivo en las transacciones gubernamentales es potencialmente una medida de combate a la corrupción, pues la trazabilidad digital de los movimientos desincentiva desvíos, cobros de cuota, sobornos y otras prácticas, dijo.
Adicionalmente, indicó, las transferencias electrónicas reducirían ampliamente los costos de operación de los programas sociales, gastos de traslado y medidas de seguridad que hoy deben sufragarse.
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