En 2017, el 73 por ciento de los empleados federales que subieron los datos de su declaración patrimonial a la página de DeclaraNet decidieron no hacer pública esa información, reveló la organización Data Cívica al presentar la página 1560000.org, en la que se pueden descargar bases de datos de dichas declaraciones.
La página fue resultado del ejercicio que realizó dicha organización para convertir del formato PDF a datos abiertos la información patrimonial de más de 340 mil funcionarios públicos entre 2013 y 2017, después de que la Secretaría de la Función Pública (SFP) negó entregar la base de datos con el argumento de que generarla costaría 1 millón 560 mil pesos y tardaría 221 días naturales.
El primer análisis de la información de la base de datos de Data Cívica arrojó que la gran mayoría de los funcionarios deciden no revelar su información patrimonial, reporta no tener ningún conflicto de interés posible y que dentro de la minoría que sí revela su ingreso es fácil encontrar errores o inconsistencias, explicó Carolina Torreblanca, directora de Análisis de Datos y Contenido de la agrupación.
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Agregó que "sólo el 15 por ciento de las declaraciones hechas en 2017, los funcionarios decidieron sí hacer pública su declaración patrimonial. Hasta antes de que se aprobara la nueva ley, era una prerrogativa de los funcionarios no hacer pública, no revelar su información patrimonial, prerrogativa que tomó el 73 por ciento de los funcionarios en 2017, 12 por ciento decidió publicar parcialmente, es decir, omitir ciertos rubros".
Actualmente, todas las declaraciones patrimoniales de servidores públicos federales son accesibles al público en formato PDF, pero en ellas, el empleado tiene la opción de decidir qué hacer público y qué no.
Con la nueva Ley General de Responsabilidades Administrativas, será obligación de todos los empleados públicos de los tres niveles de gobierno hacer pública la información de su declaración patrimonial.
Al respecto, Eduardo Bohórquez, director de Transparencia Mexicana, explicó que los nuevos formatos para este tipo de declaraciones, que forman parte de las disposiciones del Sistema Nacional Anticorrupción, están siendo analizados por el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), el cual definirá qué rubros podrían ocultarse y cuáles deben ser públicos por obligación.
"Esto hizo que toda la información de DeclaraNet se hiciera accionable, contrastable y comparable, nuestro objetivo es que esto funcione como herramienta que pueda utilizar sociedad civil", explicó Torreblanca.
IRH
