Wendy Coral Franco, madre de familia y defensora de derechos humanos, vivió un infierno en dos anexos con la complicidad de su madre y su hermano para arrebatarle la herencia que le dejó su difunto esposo.
El 30 de diciembre de 2024 fue internada en contra de su voluntad. La tapatía, de 38 años de edad, salió de casa de su madre en la colonia Las Huertas, en Guadalajara, para recoger el pago por el arrendamiento de sus parcelas; su hermano se ofreció a acompañarla, pero cuando llegó, todo cambió.
¿Cómo fue privada de la libertad en anexo de Guadalajara?
“Voy saliendo de ahí de la casa de mi mamá y mi hermano hace señas, se arriman dos hombres y una mujer, me someten y me suben a un Tiida blanco; yo forcejeo, me golpean para subirme al coche, en el camino me iban golpeando porque yo iba pidiendo auxilio, todo el tiempo con la cabeza agachada”, comparte a Notivox Wendy el inicio de la pesadilla.
Unos minutos después, llegaron a un lugar que reconoció como un centro de rehabilitación nombrado Cree Ser A.C., en Privada Calera 388, al cruce con Josefa Ortiz de Domínguez, en la colonia Benito Juárez, en Guadalajara. El sitio no aparece registrado en el directorio del Consejo Estatal Contra las Adicciones en Jalisco.
La finca con fachada amarilla abarca de banqueta a banqueta; está al fondo de la calle vigilada por al menos cinco cámaras, y con vehículos de modelo reciente, entre ellos un Land Rover.
Ahí, cuenta Wendy, “me ingresan, me quitan la ropa, me bañan con agua helada y estuve aproximadamente, no sé, de dos a tres días amarrada abajo de una litera… lo peor, fue el saber que mi propia familia me había ingresado ahí por despojarme de mis bienes, y físicamente, el frío porque me quemó la espalda y el brazo; recuerdo ahí haber orinado, ahí defequé, fue cuando me sacaron, me bañan, porque yo pedí entrar al baño y me decían que no, que ahí no valía nada, que ahí todas éramos una basura”.
A jalones y con una navaja, le cortaron la abundante cabellera; le daban de tres a seis segundos para ir al baño, al que las internas eran llevadas en grupo. Wendy es diabética y pidió la insulina que necesita, pero La Madrina, quien se dijo a cargo, se la negó, y solamente recibía alimentos como zanahorias caducadas con soya y agua natural, además de medicamento para mantenerla dormida.
Sin tener ningún tipo de adicción, Wendy preguntó por qué estaba ahí, “es encargo de su hermano”, le respondieron.
No era la única en esas condiciones, pero tampoco tenía en quién encontrar consuelo: “Tienen prohibido hablarse entre los internos, habíamos 75 o 85 mujeres y hombres 110 o 120… adentro es deplorable, en un cuarto largo sí hay literas, pero duermen casi 30 mujeres en el piso, y en una cama individual meten hasta tres personas, depende de cómo te portes; en el tiempo que estuve ahí, golpearon a otras dos mujeres también amarradas”.
¿Qué pasó en el segundo anexo donde estuvo Wendy?
Mientras Wendy permanecía privada de su libertad en este anexo irregular, su pareja, Alejandro Ponce, llamó a su celular y respondió su suegra, le dijo que se olvidara de ella unos días, pues había ido a un retiro espiritual. Eso levantó sospechas, y reportó a las autoridades.
El pasado 8 de enero, Wendy comenzó a vomitar y obrar sangre, una úlcera le había reventado. Sus captores no sabían si el sangrado se debía a los golpes propinados, y la llevaron con amenazas de un llamado Padrino a una clínica privada; ahí Wendy aprovechó para pedir ayuda a los médicos, pero fue inútil, y la trasladaron a otro centro de rehabilitación. Su “berrinche” le costó la atención médica.
Entonces llegó a Descubre-t, también sin registro en el consejo estatal. El anexo se encuentra en una estrecha calle llamada M. Martínez Valadez número 73, al cruce con San Andrés, en la colonia San Andrés de Guadalajara. No cuenta con ningún letrero, una casa regular de dos pisos; pero por dentro, relata Wendy, es similar a un salón de eventos grande, con literas en fila alrededor y más de cien mujeres recluidas en pésimas condiciones.
La madrugada del 9 de enero fue ingresada, sin atención médica, y sedada hasta el día siguiente. Un movimiento inusual de personal la despertó, se apresuraron a bañarla y cambiarla. A las 17:30 horas, elementos de la Unidad Especializada en Combate al Secuestro, de la Fiscalía del Estado, llegaron para entrevistarla y escuchar su testimonio y el de las personas encargadas del lugar. Por fin, fue liberada.
“Mi mamá va a Fiscalía y declara que mi pareja me tenía drogada, dormida y en el último anexo, la directora le enseña al de Fiscalía que me hicieron un antidoping y que había salido negativo, ahí me toman mi declaración y me preguntan con quién me quiero ir, que si tenía algún otro familiar, porque a ellos les quedaba claro que con mi familia no podía regresar, pues en el segundo anexo ya habían contratado su servicio por un año”, compartió Wendy.
Ya resguardada, recibió suero tres días, pero todavía no encuentra la tranquilidad. No hay nadie detenido y las amenazas siguen llegando. Por este hecho, presentó la denuncia, por la que se abrió la carpeta de investigación número 4908/2025, de la Dirección de Unidad de Delitos Varios; el 24 de enero fue informada de que su caso ya era judicializable.
¿Qué pasó con los anexos denunciados?
Aunque la investigación continúa, los centros de rehabilitación que la mantuvieron cautiva siguen en operación; no hay nadie tras las rejas por la tortura y privación de la libertad a la que se vio sujeta, a pesar de que su rescate se dio en el mismo anexo y en flagrancia.
Ante esta situación, Wendy y Alejandro procedieron a enviar un documento a la Secretaría de Gobernación, que ya cuenta con sello de recibido, para pedir apoyo en la captura de los responsables y proceder a la regulación de estos centros para ayudar a personas que siguen siendo víctimas de tortura, como Violeta, una mujer que conoció en uno de esos anexos, quien cuenta que fue ingresada por su padre, para quitarle la casa que heredó de su madre, recién fallecida; así como otra compañera que estaba embarazada, sin ningún tipo de cuidado durante la gestación.
La regulación de estos centros de rehabilitación es de competencia federal, por lo que el llamado de Wendy a la Secretaría de Gobernación para tomar cartas en el asunto es el mismo de familiares y personas que continúan internas en estos lugares que, impunemente, operan sin restricciones ni garantía de cuidar los derechos humanos
SRN
