Un juez federal vinculó a proceso al general José Antonio Ramos Arévalo, ex director de Servicios Aéreos de la entonces Procuraduría General de la República (PGR), por su presunta responsabilidad en los delitos de uso indebido de atribuciones y facultades, y fraude equiparado, derivado de la compra de aviones no tripulados y drones de uso militar para labores de inteligencia por casi 615 millones de pesos.
En acato a una sentencia de amparo, el juez de control del Centro de Justicia Penal Federal con sede en el reclusorio Oriente determinó que sí se actualizan los presuntos actos ilícitos que le imputó la Fiscalía General de la República (FGR).
El 18 de marzo de 2019, el general dejó su cargo tras una indagatoria del Ministerio Público federal, el cual lo responsabilizó por la adjudicación de dos contratos a la empresa Balam Seguridad Privada, para adquirir aeronaves no tripuladas.
Uno de los contratos para comprar las aeronaves y drones fue firmado en 2013 por 30 millones 693 mil 600 dólares, equivalentes a 427 millones 46 mil 195 pesos de esa época. El otro se firmó en 2015 por 10 millones 730 mil dólares, que equivalían a 187 millones 775 mil pesos.
El primer contrato sirvió para adquirir dos aviones no tripulados Dominator XP de la marca israelí Aeronautics Defense Systems Ltd., y tres drones RQ-170 Sentinel, fabricados por la compañía norteamericana Lockheed Martin Corporation.
El segundo contrato fue para contar con dos aviones no tripulados marca Aerostar, también de la citada firma israelí.
La FGR detectó que no se cumplió con lo estipulado en el contrato, porque una de las aeronaves fue entregada con 16 días de retraso, mientras que las restantes se entregaron 183 días después del plazo.
Sin embargo, el general, en su carácter de director general de Servicios Aéreos, presuntamente devolvió una póliza de fianza por la cantidad de 2 millones 646 mil dólares a la empresa.
Por esta razón, el juez de control consideró que se actualizan los delitos de uso indebido de atribuciones y facultades, en la hipótesis de al servidor público que indebidamente contrate adquisiciones de bienes, con recursos económicos públicos, y fraude equiparado por tener a su cargo el cuidado de bienes ajenos.
Es de mencionar que la FGR presentó como dato de prueba una copia certificada del análisis costo beneficio, denominado adquisición de activos tácitos para la realización de actividades sustantivas de la PGR, con el objeto de adquirir dos aeronaves operadas remotamente, y una estación de control en tierra, para actividades sustantivas en apoyo a investigación y persecución de delitos.
No obstante, el imputado aseveró que dos aviones adquiridos eran insuficientes para dar cobertura a todo el territorio nacional, “ya que no se atendería la demanda de las 32 delegaciones” de la PGR en los estados y zona Metropolitana.
De igual manera, que tampoco era posible apoyar las acciones de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y de la Secretaría de Marina-Armada de México (Semar), como se había acordado en las diferentes reuniones del gabinete de seguridad y las operaciones de vigilancia aérea de otras instituciones del gobierno federal.
DMZ
