Diputados de Nuevo León cuestionaron que se girara una orden de aprehensión contra César Gerardo Francisco García Méndez, socio de Ernesto Canales Santos, subprocurador Especializado en Combate a la Corrupción, pero no contra éste, quien también está involucrado en el presunto fraude de seis millones de dólares en perjuicio de Paula Cusi, ex pareja del empresario Emilio Azcárraga Milmo.
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El 17 de febrero pasado, el agente del Ministerio Público de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal solicitó la orden de aprehensión en contra de César Gerardo Francisco García Méndez.
García Méndez está acusado, junto con Ernesto Canales, de defraudar a Paula Cusi por dinero que había recibido como compensación por la cesión de todos los derechos en la sucesión a Emilio Azcárraga Jean, actual propietario de Televisa.
La información generada desde el 17 de febrero, pero publicada este lunes, señala que la orden de aprehensión sólo se giró en contra de García Méndez, por lo que la de Canales, que jurídicamente sería culpable del mismo delito, está pendiente.
El subprocurador anticorrupción compareció ante los diputados del Congreso de Nuevo León, donde aceptó haber recibido, por procesos legales en donde se le involucra, un monto de seis millones de dólares, en Estados Unidos.
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Al respecto, el gobernador del estado, Jaime Rodríguez Calderón, dijo que si mandan llamar a su fiscal, éste tendrá de acudir.
Rodríguez Calderón consideró que aunque él, como gobernador, no tenga nada que ver con el caso, el subprocurador anticorrupción deberá aclarar el tema.
"Yo no tengo nada que ver en ese tema, si Ernesto (Canales) tiene que ver, bueno, pues él saldrá y tendrá que hacer lo que se deba; la ley debe aplicarse a todos y yo no estoy en contra de eso.
"En el momento que la ley determine en ese caso y si Ernesto tiene algo que ver en ese juicio, pues ya tomaré una decisión", explicó.
"Si es llamado, debe de ir. La ley puede citarme a mí en cualquier momento y debo ir, si la ley determina que una autoridad tiene que asistir a declarar, tienes que asistir", reiteró.
El periodista Raymundo Riva Palacio reveló que un agente del MP de la Procuraduría capitalina solicitó la orden de aprehensión contra García Méndez.
En ese sentido, el legislador priista Gabriel Tláloc Cantú Cantú acusó que la administración estatal recurrió al manejo de influencias con las autoridades federales para evitar que se pidiera la detención de Canales Santos.
"Lo que me dicen los abogados de Ciudad de México es que hubo influencias de parte del gobierno de Nuevo León para influir con el gobierno y la Procuraduría capitalina para excluir al fiscal anticorrupción del caso", aseguró.
Cantú agregó que el abogado consignado sólo tenía poder para la representación jurídica, mientras que Canales Santos manejaba las actas administrativas.
"Ellos se quejan del estado de derecho, de que la Procuración de Justicia de la Ciudad de México está violentada, que no está apegada a derecho y que se nota realmente que hubo un apoyo muy marcado para deslindar del proyecto de consignación al fiscal de Nuevo León", afirmó.
El diputado también dijo haber sido víctima de amenazas recientes por sus cuestionamientos al fiscal; no obstante, descartó presentar una denuncia.
A su vez, Marco Antonio González Valdez, coordinador de la bancada del PRI en el Congreso de Nuevo León, coincidió en que es sospechoso que no haya una orden de aprehensión contra Canales Santos.
Sin embargo, el líder de la fracción del PAN, José Arturo Salinas Garza, aseguró que esa situación puede ser la antesala para la posible detención del subprocurador.
