El abogado penalista Juan Velásquez aseguró que el fallo del magistrado civil que revocó la formal prisión contra los tres militares que habían sido procesados por el homicidio de 22 personas en junio de 2014 en Tlatlaya, Estado de México, es la confirmación de que se trató de un caso "inventado" de ejecución extrajudicial.
En entrevista con Carlos Marín, en El asalto a la razón, el penalista —quien es parte de la defensa de los militares— afirmó que los señalamientos de que en Tlatlaya ocurrió una masacre extrajudicial son parte de una historia magnificada por quienes están en contra de un Ejército que quedó estigmatizado nacional e internacionalmente, y que provocó en su momento una Comisión Nacional de los Derechos Humanos que "tenía sus intereses".
Sostuvo que aunque los militares podrían alegar reparación del daño por los dos años que pasaron en prisión y por la estigmatización al Ejército, en la justicia mexicana "primero detienen, luego averiguan, y después de averiguar, resulta que eres inocente. Te reparan el daño con el clásico usted dispense".
Velásquez resaltó que la revocación de la formal prisión deja ver que no había elementos que señalaran a los militares como responsables de los dichos de la PGR y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, que en el momento de sus recomendaciones pasaba por un momento difícil e "impopular" para su presidente.
"Se enjuició a siete militares, de ellos cuatro quedaron en libertad, y cuando quedaron solamente tres, yo pronostiqué que iban a ser liberados por su inocencia en tanto la falta absoluta de pruebas de su culpabilidad".
Por ejemplo, explicó, hubo contradicciones en las declaraciones de las tres testigos sobrevivientes y mintieron en los testimonios que una de ellas, llamada bajo el seudónimo de "Julia", dio a una revista extranjera. Además, consideró absurdo que se señalara que hubo tortura y hayan quedado tres sobrevivientes cuando hubo 22 muertos, que se acreditó, estaban armados y dispararon. Ninguno de ellos recibió balazos a quemarropa o el tiro de gracia.
Sostuvo que el magistrado que revocó la formal prisión era del fuero civil y aunque es defensor del fuero militar, explicó que habrían permanecido en prisión, solo si la PGR hubiera presentado las pruebas que acreditaran que los militares cometieron los asesinatos.
"Si hubieran condenado inocentes en el fuero militar, los soldados habrían podido apelar la sentencia ante un supremo tribunal militar, que sigue siendo militar, pero si ese mismo tribunal ratifica la sentencia, los elementos de la Defensa Nacional podrían solicitar un amparo directo ante un tribunal colegiado del fuero civil, es decir, al final esa sentencia caería en el ámbito civil", que tienen 99 por ciento de impunidad, frente al 95 por ciento de efectividad del fuero militar.
