A más de un año de la desaparición de los 43 normalistas y de existir señalamientos que lo vinculan con el crimen organizado, la PGR envió un citatorio al director de la escuela rural de Ayotzinapa, José Luis Hernández Rivera, para que se presente a declarar, ya que sus dichos sobre el caso no constan en el expediente.
El pasado 27 de enero, la PGR “invitó” al director a rendir su declaración ministerial, pero no se presentó. Dos días después, Hernández dijo que acudiría a las oficinas ministeriales cuando se lo solicitaran oficialmente.
Personas que siguen de cerca la investigación del caso Iguala revelaron a Notivox que el agente del Ministerio Público federal libró el citatorio hace 15 días, pero Hernández lo ignoró, bajo el argumento de que “nunca recibió” el documento oficial.
Por esa razón, se decidió que se libre un segundo citatorio, pero contará como el primero y deberá ser entregado en la propia mano del director de la escuela para que acuda a declarar en “calidad de testigo”.
El MP tiene facultades para citar a declarar a las personas que puedan tener relación con alguna investigación en curso. Cuando después de habérsele girado dos citatorios para comparecer y cerciorarse de que fueron entregados en el domicilio de la persona y ésta no acuda, se puede ordenar su localización y presentación.
En el expediente que se integra por la desaparición de los normalistas, la PGR cuenta con testimonios de presuntos sicarios de Guerreros Unidos que declararon que el director de la normal trabaja para el grupo criminal de Los Rojos.
Uno de los testigos aseguró que Santiago Mazari, El Carrete, líder de Los Rojos en Morelos, “pagó” a José Luis Hernández por enviar a los estudiantes a realizar “desmadres” en Iguala el 26 de septiembre de 2014.
Otros que señalaron al director son Sidronio Casarrubias Salgado, jefe absoluto de Guerreros Unidos; Patricio Reyes Landa, El Pato; Agustín García Reyes, El Chereje; Jonathan Osorio Cortés, El Jona; Felipe Rodríguez Salgado, El Cepillo, así como otro apodado El Seco.
Las declaraciones de los presuntos delincuentes derivan del interrogatorio que ellos realizaron a los normalistas que secuestraron y que posteriormente ejecutaron y calcinaron en el basurero de Cocula.
En la averiguación previa consta que durante el interrogatorio a los estudiantes, las víctimas acusaron al normalista Bernardo Flores, El Cochiloco, de ser uno de los enviados del director de Escuela Normal, ambos que supuestamente tienen nexos con Los Rojos.
Pese a las declaraciones, para el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes los detenidos “muestran contradicciones sobre las supuestas respuestas dadas por algunos normalistas en un contexto de amenaza vital y tortura, y se focalizan sobre quién los envió y por qué”.
Esos detalles, señalaron los expertos en su informe del caso, contrastan con la historia referida por los normalistas sobrevivientes entrevistados, “y que participaron en la acción de boteo y toma de autobuses, tanto sobre por qué fueron, quién tomó la decisión y el papel de Bernardo…”.
En diversas entrevistas, Hernández ha manifestado que es falso que el crimen organizado se haya infiltrado en la normal rural.
AUSENCIA DE AUTORIDAD
Declaraciones ministeriales de familiares de los 43 desaparecidos reflejan la ausencia de autoridades en la normal; revelan una escuela en poder de los estudiantes. Hernández simplemente guardó silencio cuando los padres requerían información sobre lo que pasó.
Alertados por vecinos, redes sociales y vehículos que esa noche voceaban en las calles de Tixtla e Iguala sobre lo ocurrido, muchos de los familiares se dirigieron a la normal, pero nunca pudieron entrevistarse con las autoridades del plantel.
Su fuente de información fueron el Comité Estudiantil, Comité de Padres de Familia y estudiantes en general; sin embargo, los datos eran parciales e imprecisos y solo un dato se repetía: que los estudiantes habían sido atacados por policías municipales.
Cuando los padres indagaron por qué sus hijos estaban fuera del plantel, la información que obtuvieron por parte de otros estudiantes apunta a tres versiones: que habían salido a botear para obtener fondos para su escuela, para realizar sus actividades educativas y/o para ir a la marcha que conmemora el 2 de octubre de 1968 en el Distrito Federal.
