José Cuitláhuac Salinas, ex titular de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (Seido), ganó otro round en la batalla legal que sostiene contra autoridades de la PGR desde la administración de Marisela Morales, a quienes acusa de haberlo colocado a él y a su familia en indefensión ante el crimen organizado y de imputarle falsos nexos con el narco.
Entre múltiples irregularidades, el ex servidor público sostuvo que la Procuraduría General de la República (PGR) vulneró sus garantías y lo colocó en situación de riesgo, así como a su madre e hijos, al no proporcionarle suficientes escoltas y vehículos blindados a los que tiene derecho por acuerdo presidencial y el riesgo que implica el cargo, al que renunció en noviembre de 2012.
Salinas solicitó un amparo para que se le asignara una adecuada protección a sus familiares; sin embargo, el juez decimosegundo de distrito en materia administrativa en Ciudad de México le negó la suspensión definitiva.
Inconforme, interpuso un incidente de revisión ante el decimonoveno Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, el cual le concedió en amparo contra la abstención u omisión de la PGR de proporcionar más escolta a sus hijos, además de que estableció que ésta debe extenderse a su mamá.
En el incidente de revisión incidental 118/2017, los magistrados ordenaron a la procuraduría el incremento del servicio de protección mediante más vehículos y el doble de personal de la Policía Federal Ministerial (PFM).
Consideraron que el juez de distrito que anteriormente había negado la suspensión a Salinas no tomó en cuenta el peligro que corre el ex funcionario y sus familiares ante posibles represalias de la delincuencia organizada por el cargo que ostentó.
Puntualizaron que no valoró el Acuerdo Presidencial para la Protección de Servidores públicos y Ex Servidores Públicos, vigente al 15 de noviembre de 2012 (fecha en la que renunció a la Seido), así como el Acuerdo A/0140/09, emitido por el procurador General de la República.
Los magistrados señalaron que es evidente que la protección y seguridad también es aplicable para los miembros de su familia.
Hace cinco años, José Cuitláhuac Salinas emprendió una batalla legal sin precedente contra el sistema al que sirvió como responsable directo de combatir a los cárteles y a sus líderes en el último tramo del gobierno de Felipe Calderón.
Alrededor de 60 amparos y 80 quejas contra autoridades de la PGR, así como jueces y magistrados, revelan la lucha que ha emprendido contra acciones que lo colocaron en permanente riesgo, como la reducción en el número de escoltas y de vehículos blindados a los que tiene derecho con sus familiares.
El ex titular de la Seido mantiene una demanda por 69 millones 851 mil 941 pesos contra la PGR por reparación del daño, y otros 27 millones 411 mil 546 pesos contra el Consejo de la Judicatura Federal.
