El Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA) se ha convertido en uno de los ejes fundamentales del Sistema Nacional Anticorrupción porque ahora, constitucionalmente, tiene facultad y autonomía para sancionar a servidores públicos.
En los próximos meses el tribunal contará con cinco salas regionales anticorrupción que serán integradas por tres magistrados cada una.
Las controversias que se suscitan entre particulares e instituciones federales son dirimidas por este tribunal, lo mismo que los asuntos de militares que impugnan la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de las Fuerzas Armadas Mexicanas.
También atiende los conflictos que surgen entre dependencias federales y revisa temas ambientales; desde hace años, el TFJA ya sanciona legalmente a servidores públicos, pero carecía de una legislación secundaria.
Manuel Hallivis Pelayo, presidente del TFJA, afirmó que 98 por ciento de las sentencias que emiten quedan firmes; solo 2 por ciento son revocadas a través de amparos que conceden tribunales colegiados o la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
Hallivis precisó que del ciento por ciento de los juicios que atiende el tribunal, la mitad lo ganan los particulares.
El magistrado, que en enero próximo concluirá su mandato de tres años para el cual fue elegido como presidente del TFJA, dijo que el tribunal es ahora uno de los ejes fundamentales del Sistema Nacional Anticorrupción.
Lo mismo que la Auditoría Superior de la Federación, a la cual la fortalecieron, "básicamente en cosas tan importantes como por ejemplo dejar en claro que ellos participan no solo en la revisión de la cuenta pública sino en la revisión de toda la gestión gubernamental", explicó.
"La Secretaría de la Función Pública también se fortalece, es otro de los ejes, y aquí es donde viene el tema de prevención. A ellos se les da nuevamente toda la instrumentación de todo lo que se tiene que hacer en la materia y obviamente se les fortalece en el tema de fiscalización", detalló.
Casos lamentables
Manuel Hallivis reconoció que en mayo de 2015 al interior del TFJA se presentó un caso lamentable; dos magistrados fueron denunciados por una empresa pública en 117 asuntos; "resulta que no eran 117, solo eran 82 que tuvieron problema, todos presentados por el mismo despacho donde había gente de ese organismo público metido, en magistrados y en servidores públicos del tribunal", relató.
Tras la denuncia, se convocó a la junta de gobierno del TFJA y se determinó mandar a los señalados a otras regiones del país para investigar. "Para octubre nosotros y el órgano público correspondiente ya estábamos presentando la denuncia en la Procuraduría General de la República, pero nosotros a nuestra vez ya estábamos siguiendo todo el procedimiento administrativo", explicó.
"Tuvo que pasar esto de junta de gobierno al pleno, porque en el caso de los magistrados no los puede el Tribunal destituir. Para poder ser sancionados, primero deben ser destituidos por el presidente de la República (Enrique Peña Nieto), cubrimos esa instancia. El Presidente ya destituyó a estos magistrados".
—¿Qué daño provocaban?
—Bueno, hubieran provocado (un daño de) 3 mil millones de pesos, de hecho ya había 15 sentencias con valor de mil millones de pesos. ¿En agravio? En agravio de la CFE.
"Somos el órgano que sanciona corrupción, evidentemente que el 100 (por ciento), bueno todos, los casi 3 mil 300 servidores públicos que trabajan en esta institución son a toda prueba de honestidad, no podemos permitir que unos pocos desleales manchen el nombre de la institución", declaró el magistrado presidente.
Responsabilidad
El TFJA atiende actualmente aproximadamente mil casos relacionados con responsabilidad patrimonial, informó Hallivis.
Algunos de estos asuntos, abundó, son "paradigmáticos", como el de dos indígenas de Acteal a quienes se les negó una indemnización que reclamaban por haber pasado 11 años en prisión acusados de la matanza de 45 tzotziles en la citada comunidad, municipio de Chenalhó, Chiapas, en 1997, y que hace un par de semanas la Corte ratificó el fallo del TFJA.
Otro que llamó la atención fue el de tres indígenas (Jacinta Francisco Marcial, Teresa González Cornelio y Alberta Alcántara Juan) acusadas por la PGR de supuestamente haber secuestrado a seis elementos de la extinta Agencia Federal de Investigación, el 26 de marzo de 2006, en Santiago Mexquititlán, Querétaro.
"Este fue uno de los casos paradigmáticos que tuvimos (el de las tres mujeres), ellas no querían tanto el dinero, ellas lo que querían era que se les reparará el daño moral en su comunidad. Al haber estado un tiempo en prisión eran tratadas con cierta reserva por sus propios vecinos, ellas lo que querían era que se les reivindicara frente a la sociedad; entonces, esta sentencia tiene tres aspectos: una indemnización por lo que dejaron de percibir mientras estuvieron privadas de su libertad, otra indemnización en dinero por daño moral y la obligación al órgano de disculparse en los mismos medios que utilizaron para sacar a luz pública que ellas habían estado en prisión".
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*Presidente del Tribunal Federal de Justicia Administrativa
