Datos del Observatorio Nacional Ciudadano, Seguridad, Justicia y Legalidad revelaron que cada 40.53 minutos se abre una carpeta de investigación por el delito de violación, a lo que suman un subregistro, ya que muchas de las violaciones no se denuncian debido al trato que se da a las mujeres en los Ministerios Públicos y por el nulo acceso a la justicia.
De 2014 a febrero de 2017 se hicieron 39 mil 663 denuncias por violación en México, indican cifras del Sistema Nacional de Seguridad Pública de la Secretaría de Gobernación (Segob). No son todas, porque la mayoría de las víctimas no denuncia ante el Ministerio Público por miedo a represalias, porque en la mayoría de los casos el agresor es un familiar o conocido, porque desconfían de las autoridades y por la evidencia de que muy pocas veces se hace justicia. Así lo diagnosticó la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas en 2016.
Los datos del Sistema Nacional colocan al Estado de México con el mayor número de denuncias: 5 mil 954, le siguió Chihuahua con 2 mil 773, Chiapas con 2 mil 350, Baja California con 2 mil 37, Nuevo León con mil 973, Guanajuato con mil 881, Ciudad de México con mil 872, Tamaulipas con mil 654, Hidalgo con mil 337, Jalisco con mil 343 y Morelos con mil 298.
Las cifras revelan que la denuncia no garantiza justicia: entre enero de 2010 y junio de 2015, de acuerdo con CEAV, de 22 mil 399 averiguaciones previas por violación, solo 40 por ciento fue consignado ante los tribunales superiores de justicia, es decir, 9 mil 43 continuaron el proceso judicial.
Y las sentencias son, asimismo, inferiores a las denuncias: el Inegi dice que hasta 2015 solo 3 mil 713 personas cumplían sentencia en centros penitenciarios por violación, y otras mil 65 por violación equiparada (contra menores de edad o contra personas con incapacidad intelectual para comprender el hecho).
LENTOS PASOS
El delito de violación se tipificó en 1931 en el Código Penal federal, en 1966 se reformó para incrementar las penas de prisión de dos hasta ocho años, con una multa de 2 mil a 5 mil pesos. Una segunda reforma, ese mismo año, impulsada por el movimiento feminista, elevó la pena mínima de seis a ocho años de cárcel y derogó la multa.
Más de 20 años después, en 1989, ocho escoltas de Javier Coello Trejo, subprocurador de Narcóticos de la PGR, fueron denunciados por violación, al sur de la capital. El movimiento feminista y organizaciones civiles presionaron a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal para reformar el Código Penal local.
Lograron ampliar la definición de violación y el concepto de cópula, aumentar la sanción de ocho a 14 años de prisión y tipificar, por primera vez, el hostigamiento sexual. Se creó la primera Agencia Especializada en Delitos Sexuales del país; también un protocolo para la atención a víctimas y para la reparación integral del daño, y el Centro de Terapia de Apoyo (CTA) para asistir a víctimas de delitos sexuales. Sin embargo, el caso de los escoltas no avanzó, ante la lenta actuación de las autoridades, lo que dejó libres a cuatro violadores.
EL LABERINTO
Las víctimas de violación enfrentan el primer obstáculo en su búsqueda de justicia cuando presentan la denuncia, señaló la primera titular de la ahora Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia contra las Mujeres y Trata de Personas (Fevimtra), Alicia Pérez Duarte.
Se les pide comprobar la violación, “les realizan exámenes ginecológicos que acrediten el delito y someten su declaración a dudas y las desestiman”, aunque en 2011 la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que “la sola declaración de la víctima constituye prueba fundamental sobre el hecho”, señaló la abogada.
Y aunque la presunción de inocencia es un derecho del inculpado, prevalece el derecho de mayor jerarquía, por lo que debe sobreponerse la seguridad y el derecho a una vida libre de violencia de la víctima, porque tiene que ver con el derecho a la vida, dijo.
Pero no sucede así, como quedó claro con el caso de Daphne Fernández, quien en enero de 2015 fue violada por cuatro jóvenes en Veracruz, apodados Los Porkys, uno de los cuales recibió del Poder Judicial de la entidad un amparo, en marzo pasado, bajo el argumento de que no había elementos suficientes para probar la intención del agresor por “satisfacer un deseo sexual”.
Aunque la menor de edad denunció tocamiento de senos, jaloneos de su playera y burlas, se dio prioridad a la declaración del agresor.
Quien defendió a Los Porkys, afirmó Pérez Duarte, sacó de contexto la situación de Daphne y enfrentó la presunción de inocencia con el derecho a una vida libre de violencia.
Coincidió en ello la fundadora del Grupo Plural Pro-Víctimas AC, Patricia Olamendi, quien explicó: “cuando no se respeta el testimonio de la víctima desde el momento de la denuncia, se incumple el principio de igualdad establecido en el artículo 5 de la Ley General de Víctimas, donde se especifica que no debe darse más importancia a la inocencia de la persona acusada”.
“El caso Daphne no es excepción, sino regla diaria en México”, concluyó Olamendi.
INSENSIBLES
Otro obstáculo para las víctimas es la falta de especialización en perspectiva de género y de sensibilización de jueces y personal de los Ministerios Públicos, agregó Olamendi. “Minimizan el delito, equiparan violación con abuso sexual, dicen que las mujeres ‘provocaron’ a los agresores y cuando la violación se cometió con un objeto distinto al pene no la reconocen como tal”.
Si funcionara la capacitación, resultaría en justicia para las víctimas. Las mujeres viven “una violencia institucional”, donde “la simulación y la impunidad dejan en desamparo total a las víctimas”, agregó.
Para Alicia Elena Pérez Duarte, el sistema de justicia protege a los violadores, en una especie de “pacto patriarcal” que se refleja en las sentencias, “donde una mujer es la víctima y se desencadenan inmediatamente los mecanismos en defensa del hombre acusado”.
Pese a la creación de nuevas normativas para atender la violencia de género, a las capacitaciones y “sensibilización” del personal encargado de la impartición y procuración de justicia, Pérez Duarte advierte una “decadencia” en estas instituciones encabezadas por personas poco competentes lo que convierte, dijo, a la justicia, “en una puerta a la que las mujeres no pueden acceder”.
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