El presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Luis María Aguilar Morales, criticó a los personajes que impulsaron la reforma constitucional de 2011 en materia de derechos humanos, porque ahora les preocupa que los jueces federales exijan que se respeten los derechos de los detenidos.
Ante el presidente Enrique Peña Nieto, el ministro dijo que los juzgadores no son indiferentes a la problemática que vive el país, ni evaden sus responsabilidades, pero dejó claro que ellos están obligados a hacer que se respeten los derechos de los sospechosos, porque nadie es culpable hasta que así se demuestre, siguiendo el debido proceso.
"Los juzgadores estamos obligados a hacer que se respeten los derechos de las personas, no es opcional, no podemos eludirlo, está dispuesto en la Norma Suprema. Resulta paradójico que incluso algunos de aquellos que impulsaron la reforma Constitucional de 2011, ahora se inquieten por la exigencia de los jueces de que se cumpla", expresó el ministro al rendir su informe anual de labores 2016.
Aguilar Morales señaló que como todos los ciudadanos, los juzgadores quieren un México en paz, que viva en tranquilidad.
"Al igual que todos, exigimos el respeto de los derechos sin distinción, como jueces es nuestra tarea y obligación velar por la existencia real y efectiva del estado de derecho"; añadió que si los jueces son criticados por cumplir su función, lo tomaran como un cumplido.
En presencia del presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, Raúl González Pérez, y el procurador general de la República, Raúl Cervantes Andrade, entre otros invitados, el ministro presidente enfatizó que el sistema penal no depende únicamente de los jueces y que no podrían hacerlo sin la participación de todas la partes que la ley señala como partícipes del sistema.
Para ello, han realizado seminarios de capacitación en criterios jurisdiccionales para los elementos de las Fuerzas Armadas; agradeció el apoyo de los titulares de la Secretaría de la Defensa Nacional y de la Marina, Salvador Cienfuegos Zepeda y Vidal Francisco Soberón Sanz, respectivamente, "para lograr que las cosas no sólo se hagan con más eficiencia, sino que se hagan mejor, con apego a la ley, para que entre todos logremos un combate a la delincuencia real, completo, satisfactorio y con respeto a los derechos humanos de todos, de los acusados al igual que de víctimas y los ofendidos y de toda la sociedad".
JUECES
El ministro presidente también criticó a las autoridades porque a casi dos meses del homicidio Vicente Antonio Bermúdez Zacarías, juez Quinto de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, no han resuelto el crimen.
"Lo que quiero dejar en claro es que las autoridades de procuración de justicia, a las que ello les corresponde, están haciendo la investigación de este atroz evento y tengo entendido que no han concluido todavía quién es el autor intelectual de este delito y tampoco del móvil que lo generó. Me parece agraviante para la víctima, para su familia y para la verdad, que se especule con ello y se afirme lo que no se ha demostrado".
Actualmente, apuntó Aguilar, 79 juzgadores, se les ha dotado de seguridad especial; cuentan con vehículos blindados, escoltas, chalecos protectores, radios de comunicación y un seguimiento cercano con ellos.
MITOS
El ministro presidente también dijo que es un mito y una consigna mal intencionada las voces que dicen que el Consejo de la Judicatura Federal no sanciona a los malos servidores públicos.
"Nada más erróneo y equivocado, por supuesto que sancionamos a los malos elementos, y separamos a los corruptos. Cualquier funcionario corrupto es detestable, pero es absolutamente intolerable, repugnante y aborrecible aquél que ocupa el cargo de juzgador. La esencia del juez, su inherente independencia, es esencialmente incompatible con la corrupción", aseveró.
jbh
