La PGR solicitó a un juez federal orden de aprehensión contra dos ex funcionarios de esa institución ante presuntos delitos que cometieron en agravio del ex titular de la Subprocuraduría Especializada de Investigación en Delincuencia Organizada (Seido) José Cuitláhuac Salinas, a partir de una serie de denuncias que éste presentó y en las que además pide a la dependencia una indemnización de casi 70 millones de pesos por daños y perjuicios.
Se trata del primer round judicial que Salinas gana en la batalla legal que emprendió hace más de cuatro años contra varios servidores públicos de la PGR, a quienes acusa de haberlo perseguido bajo falsos cargos de nexos con el narcotráfico y colocarlo en indefensión ante los cárteles a los que combatió al frente de la Seido, a la que renunció en noviembre de 2012 por diferencias profesionales con la entonces procuradora Marisela Morales Ibáñez.
Notivox dio a conocer el 29 de agosto de 2016 que el ex funcionario interpuso demandas por imputaciones que siguieron a su dimisión, en las cuales autoridades de la PGR usaron a los testigos protegidos “Libre” y “X” para tratar de incriminarlo con el cártel de Sinaloa, del que supuestamente recibió 8 millones 300 mil dólares, acusaciones que no fueron comprobadas.
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En las demandas quedó asentado que fue víctima de otras anomalías, como la revelación de su domicilio particular en un juicio contra el narcotraficante Édgar Valdez Villarreal, La Barbie, y la reducción en el número de escoltas y vehículos blindados a los que por ley tanto él como su familia tienen derecho, debido al alto riesgo que representó el cargo que ocupó en el último tramo del sexenio pasado.
La Visitaduría General solicitó orden de aprehensión contra Carlos Gómez Arrieta, ex director general de Servicios Especiales de Seguridad y de Protección a Personas de la Policía Federal Ministerial de la PGR, por ejercicio indebido del servicio público y uso de copia de documento falso, en la hipótesis de que “cuando legalmente le sean requeridos rinda informes en los que manifieste hechos falsos”.
También solicitó a un juez federal un mandamiento de arresto para Isidro Junco Barajas, ex director de Servicios de Protección a Personas, como presunto responsable de falsificación de documento, según las diligencias realizadas por el Ministerio Público de la Federación adscrito a la Dirección General de Delitos Cometidos por Servidores Públicos.
Así lo notificó en noviembre pasado el agente del MP a la juez cuarto de distrito en materia de amparo penal, María Dolores Núñez, en el juicio de amparo que el ex subprocurador promovió ante la negativa de la PGR de resolver la denuncia que interpuso Salinas por la omisión de proporcionarle la escolta completa y los vehículos blindados a los que tiene derecho.
En este caso la juez Núñez había fijado plazo de un mes a la Visitaduría General de la PGR para que resolviera la situación jurídica de los dos ex servidores públicos imputados, pues la investigación no avanzaba.
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Finalmente, la PGR determinó hace unos días que Gómez Arrieta y Junco Barajas rindieron informes falsos en 2013 para ocultar que el ex titular de la Seido no tenía las medidas de protección que le corresponden.
El pliego de consignación quedó radicado en la causa 62/2016 del juzgado 12 de distrito de procesos penales federales con sede en el Reclusorio Oriente, cuyo titular, Guillermo Urbina —quien lleva el caso del ex gobernador de Sonora, Guillermo Padrés—, determinará si concede las órdenes de aprehensión contra ambos ex servidores.
Como responsable de la Seido y por el riesgo que representó su cargo, José Cuitláhuac Salinas y su familia tienen derecho a la protección del Estado, lo que incluye personal de custodia, vehículos y los gastos que éstos generan durante un plazo de cinco años a partir de su salida de la institución.
El fundamento de estas medidas está en el acuerdo para la protec-ción de servidores y ex servidores públicos que emitió durante su presidencia Vicente Fox; acuerdo A/14/09 suscrito por el procurador General de la República; así como en los oficios OM/DGSI/OT145/12 y OM-DGSI-1874-2012 de la Dirección General de Seguridad Institucional de la Oficialía Mayor de la PGR.
Sin embargo, el ex subprocurador denunció que el Estado incumplió con esta obligación; por ello también presentó una serie de demandas contra la PGR por 69 millones 851 mil 941 pesos como reparación de daño.
Alrededor de 60 amparos y 80 quejas contra autoridades de la dependencia de la pasada y presente administración, así como jueces y magistrados, revelan la lucha que ha emprendido Salinas, según declaró a este diario en agosto pasado.
